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sábado, julio 20, 2024

Por medida de seguridad cuatro testigos comparecerán bajo seudónimos en el juicio contra Juan Orlando Hernández   

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ESTADOS UNIDOS.

La solicitud de la Fiscalía para mantener en secreto la identidad de cuatro de los testigos que tiene en el juicio contra el exmandatario, Juan Orlando Hernández, por vínculos con el narcotráfico, fue aceptada por el juez Kevin Castel.  

“Voy a permitir que los cuatro testigos testifiquen bajo un seudónimo y, que la verdadera identidad se revelará para los (él) acusados (acusado)”, ya que de esta forma se pueda realizar un contrainterrogatorio exhaustivo en el juicio, puntualizó Castel.

Aseveró que la solicitud de protección de la Fiscalía es fundamental, ya que estos testigos y sus familias enfrentan graves riesgos al testimoniar en el juicio contra el exmandatario hondureño.

La medida de seguridad implica que el jurado no podrá conocer la identidad de esos cuatro testigos, que no serían los únicos que presentará la Fiscalía.

Sin embargo, el juez Castel refutó que, la identidad de uno de los testigos ya ha sido divulgada en los medios de comunicación, sin precisas quién.

En la moción in limine (previa al juicio) presentada por la Fiscalía, destaca que dos testigos clave que pretendía hacer declarar y que eran poseedores de información valiosa sobre la conspiración para el narcotráfico fueron asesinados en Honduras.

Uno de ellos era Nery López Sanabria, conocido también como Magdaleno Meza, supuesto narcotraficante que permanecía privado de libertad y a quien le incautaron un libro de contabilidad de drogas que mencionaba supuestos compradores a Juan Orlando Hernández y su hermano, Juan Antonio “Tony” Hernández.

En 2016 fue asesinado por reos en la prisión denominada de máxima seguridad de El Pozo, en Ilama, Santa Bárbara.

La otra persona identificada como asesinada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, es el subcomisionado, Normando Rafael Lozano López, co-conspirador de “Tony” Hernández identificado en su juicio.

Lozano López, fue dado de baja el 1 de diciembre de 2012, debido a un abandono del cargo. Antes de esa fecha, fue detenido por las autoridades tras un allanamiento en su residencia en el sector de Choloma, Cortés donde se encontraron 226 mil dólares.

El 22 de agosto de 2017, la Sala I del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional, lo condenó a una pena de 15 años de reclusión por el delito de lavado de activos, en perjuicio de la economía del Estado de Honduras.

Sin embargo, en Honduras, pese a los informes iniciales que afirmaban que murió en 2021 en una masacre en el centro de San Pedro Sula, sus compañeros de promoción en la Policía aseguran que no murió, que fue una falsa alarma.

«El exoficial no estaba entre las personas fallecidas dentro de un edificio en el barrio Guamilito de San Pedro Sula», dijo uno de sus compañeros.

La misma versión fue compartida por el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez quien expresó que, “le hicieron un atentado donde él estaba y se fue. Murió alguien parecido a él, pero él allí está y vive en Choloma”.

Cabe señalar que, el juicio del expresidente hondureño fue postergado por el juez Castel para el 20 de febrero del presente año, según lo confirmado por la ex primera dama, Ana García de Hernández.

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