• Amenazas, hostigamiento y ataques digitales agravan el clima adverso para los periodistas, mientras la impunidad continúa debilitando la libertad de expresión en el país.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. —
La libertad de prensa enfrenta un panorama preocupante en Honduras. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó sobre el entorno adverso en el que trabajan periodistas y medios de comunicación, marcado por amenazas, agresiones, estigmatización y una persistente impunidad que obstaculiza el ejercicio del periodismo.
En un informe presentado durante su 82 Asamblea General, celebrada en Bogotá, Colombia, el organismo advirtió que las condiciones son especialmente difíciles para los comunicadores que investigan casos de corrupción, crimen organizado y narcotráfico, temas de interés público que requieren garantías para informar sin temor a represalias.
Uno de los datos más alarmantes corresponde al registro del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), que contabilizó 103 muertes violentas de personas vinculadas a los medios de comunicación desde 2001, de las cuales el 88 % permanece impune.
Agresiones y amenazas contra periodistas
El Comité por la Libre Expresión (C-Libre) documentó 60 agresiones contra la libertad de expresión, de prensa y el acceso a la información pública entre enero y junio de 2026. Los incidentes estuvieron relacionados principalmente con conflictos territoriales, movilizaciones sociales, denuncias de corrupción y actuaciones de instituciones estatales.
A esta situación se suman las amenazas, agresiones e intimidaciones que, según alertas del Conadeh, han obligado a algunos comunicadores a abandonar sus lugares de residencia por razones de seguridad.
Durante 2025, el Conadeh recibió 208 quejas por presuntas violaciones a las libertades de pensamiento y expresión, una cifra que evidencia la persistencia de denuncias relacionadas con el ejercicio de estos derechos.
Honduras sigue bajo alta restricción
El deterioro también se refleja en el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa de las Américas 2025, que ubicó a Honduras en el puesto 16 de 23 países evaluados, con 35.64 puntos de 100, dentro de la categoría de «alta restricción», en la que permanece desde 2023.
La presión contra los periodistas también quedó evidenciada durante las elecciones generales de noviembre de 2025, cuando C-Libre documentó 50 alertas de agresiones con motivación política, atribuidas principalmente a actores estatales y políticos.
El informe de la SIP también recoge el caso del general retirado Roosevelt Hernández, exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, acusado por la Fiscalía en julio de 2026 por presuntos delitos contra la libertad de prensa relacionados con la publicación Sicarios de la verdad, difundida en mayo de 2025 por un medio militar.
En septiembre, una jueza dictó auto de formal procesamiento contra Hernández con medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Su defensa apeló la resolución y solicitó el sobreseimiento definitivo.
Ataques digitales encienden las alarmas
Las agresiones no se limitan al ámbito físico. La SIP advirtió sobre presiones que afectan a medios de comunicación en plataformas digitales.
El medio Contracorriente denunció reclamos por derechos de autor contra 32 investigaciones en apenas tres días, lo que provocó la suspensión temporal de su cuenta de Instagram. Por su parte, el diario digital Criterio.hn reportó la eliminación de al menos 14 publicaciones por motivos similares.
En agosto, la Red Centroamericana de Periodistas también alertó sobre amenazas, vigilancia, hostigamiento policial y ataques digitales contra comunicadores.
Aunque la Constitución hondureña reconoce la libertad de emitir el pensamiento sin censura previa, la SIP advierte que persisten obstáculos para garantizar su ejercicio efectivo.
El organismo pone así de relieve los desafíos pendientes para Honduras: proteger a quienes informan, investigar las agresiones y combatir la impunidad.
La seguridad de los periodistas y las garantías para ejercer la libertad de expresión son fundamentales para que la ciudadanía pueda acceder a información independiente y de interés público.
