- La Corte Suprema alerta que retirar facultades administrativas a su presidencia podría generar retrasos operativos, ambigüedad institucional y afectar la autonomía del Poder Judicial.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
La presidencia de la Corte Suprema de Justicia de Honduras (CSJ) advirtió este lunes que la iniciativa de ley que busca retirarle facultades administrativas representa un riesgo para la independencia del Poder Judicial, luego de que el Congreso Nacional de Honduras aprobara el proyecto en primer debate.
El pronunciamiento fue leído en conferencia de prensa por el director de la Unidad de Comunicaciones del Poder Judicial, Melvin Duarte, quien dio a conocer la posición oficial de la presidenta de la CSJ, Rebeca Ráquel Obando, respecto a la propuesta presentada por el diputado Francis Cabrera.
Según el comunicado, la reforma que pretende trasladar al pleno de magistrados las facultades administrativas de nombramiento, ascenso, cancelación y disciplina del personal judicial “representa riesgos jurídicos, operativos e institucionales que afectarían gravemente la independencia del Poder Judicial y su funcionamiento operativo”.
Duarte explicó que el dictamen legislativo presenta ambigüedades en cuanto a competencias, niveles de decisión y responsabilidades, lo que podría generar conflictos institucionales y retrasos en la administración de justicia.
Asimismo, advirtió que concentrar decisiones administrativas en un órgano colegiado de 15 magistrados —quienes además integran las salas Civil, Penal, Constitucional y Laboral— podría provocar “cuellos de botella” en los procesos internos, debido a la necesidad de mayorías para validar decisiones relacionadas con personal, disciplina y funcionamiento operativo.
El pronunciamiento también señala que trasladar al pleno de magistrados decisiones sobre despidos, cancelaciones y traslados podría comprometer la imparcialidad y las garantías del derecho de impugnación, además de contravenir estándares constitucionales y convencionales relacionados con la independencia judicial y el acceso efectivo a la justicia.
La presidenta de la CSJ sostuvo que las decisiones adoptadas desde la presidencia han estado orientadas a garantizar la continuidad del servicio de justicia y atender necesidades urgentes en distintas dependencias judiciales, asegurando que los nombramientos realizados han respondido a requerimientos institucionales y no a una expansión descontrolada de la estructura judicial.
En ese contexto, la titular del Poder Judicial solicitó al Congreso redirigir el debate hacia una solución estructural de Estado, proponiendo la instalación de una mesa técnica institucional que permita revisar la iniciativa desde una perspectiva técnico-jurídica.
Asimismo, pidió suspender la discusión legislativa hasta avanzar en una reforma integral que contemple la aprobación de una nueva Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial.
Finalmente, el pronunciamiento recordó que la función legislativa tiene límites constitucionales cuando una reforma impacta directamente la independencia y la autonomía de otro poder del Estado, reiterando la necesidad de un diálogo institucional que garantice cambios consensuados y respetuosos del equilibrio entre los poderes públicos.
