- Asfura asume nuevas responsabilidades en instancias estratégicas del Gobierno, con influencia directa en decisiones sobre millonarios presupuestos, inversiones público-privadas y proyectos de infraestructura.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El presidente Nasry “Tito” Asfura suma otra responsabilidad dentro de su administración al asumir personalmente la presidencia del Consejo Superior de Alianza Público-Privada (APP), organismo encargado de tomar decisiones sobre proyectos de inversión e infraestructura que involucran al Estado y al sector privado.
La decisión, aprobada mediante decreto ejecutivo en Consejo de Ministros, coloca al mandatario al frente de una instancia estratégica que permanecía inactiva desde 2019 y que tiene un papel determinante en la estructuración de proyectos de inversión público-privada en Honduras.
La determinación fue confirmada por Roberto Zacapa, ministro asesor legal del Gobierno, quien describió al Consejo como el ente ejecutivo y decisorio de mayor responsabilidad en materia de estructuración de proyectos de alianza público-privada.
Según explicó el funcionario, Asfura decidió modificar la integración del organismo para asumir su presidencia y tomar el liderazgo de las iniciativas de inversión privada que se impulsen en el país. Asimismo, señaló que la Ley de Alianza Público-Privada continúa vigente y que durante este año se han presentado diferentes propuestas de inversión.
Concentración de responsabilidades
Con este nuevo nombramiento, Asfura amplía su participación directa en áreas estratégicas del Ejecutivo. Además de ejercer la Presidencia de la República, mantiene bajo su responsabilidad la Secretaría de Salud y tiene una participación directa en la conducción de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), dirigida por Aníbal Ehrler, quien sería el segundo al mando del Consejo Superior APP.
La acumulación de estas funciones vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la concentración de responsabilidades en el Ejecutivo, particularmente porque varias de estas instancias intervienen en decisiones relacionadas con recursos públicos, contratación, infraestructura e inversiones de gran escala.
Aunque el Gobierno sostiene que la medida busca dar liderazgo e impulsar los proyectos de alianza público-privada, queda por observar cómo se garantizarán la transparencia, la fiscalización y los controles institucionales sobre los acuerdos que se establezcan con el sector privado.
La reactivación de un organismo que permaneció siete años sin funcionar representa un movimiento relevante en la estructura gubernamental. Sin embargo, el reto no será únicamente acelerar las inversiones, sino asegurar que los proyectos respondan al interés público y que las decisiones sobre millonarios recursos estén sujetas a una rendición de cuentas efectiva.
