- Dagoberto Aspra cuestiona que el expresidente enfrente el proceso en libertad y asegura que el Estado buscará demostrar un perjuicio patrimonial de 169 millones de lempiras destinados, presuntamente, a fines políticos.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El procurador general de la República, Dagoberto Aspra, defendió este martes la postura del Estado de mantener bajo detención judicial al expresidente Juan Orlando Hernández, al considerar que su permanencia en libertad representa un riesgo para el desarrollo de la investigación por el presunto desvío de 169 millones de lempiras de recursos públicos.
Según explicó, la Procuraduría General de la República solicitó al juez que se mantuviera la medida de detención judicial, argumentando la posibilidad de una contaminación de las fuentes de prueba debido al perfil del exmandatario y la naturaleza del caso.
No obstante, el juzgado rechazó esa petición y resolvió que Hernández continúe el proceso en libertad, una decisión que, a criterio del procurador, podría comprometer la integridad de la investigación.
“Creemos que puede haber algún riesgo de contaminación de pruebas”, manifestó Aspra al referirse a la solicitud presentada por el Estado.
El funcionario adelantó que será durante la audiencia inicial programada para el próximo 12 de agosto cuando la representación del Estado presentará los elementos probatorios con los que pretende acreditar la existencia de un daño patrimonial.
“Al expresidente se le imputa la pérdida de 169 millones de lempiras que fueron a caer en manejo para campaña política”, afirmó el procurador.
Aspra también señaló que, debido al perfil del exgobernante, existen riesgos que justificaban una medida más estricta, aunque reconoció que podrían existir otros lugares donde permaneciera resguardado sin afectar el proceso.
“Hay otros sitios donde él pueda estar resguardado; nosotros creemos que hay un riesgo de contaminación de fuentes de prueba”, sostuvo.
Estado también enfrenta 18 demandas millonarias
En otro tema, el procurador informó que Honduras enfrenta actualmente 18 demandas millonarias contra el Estado, varias de las cuales podrían resolverse mediante procesos de conciliación, mientras que otras serán defendidas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Aspra indicó que ya existen acercamientos con algunas de las partes demandantes para buscar soluciones alternas, aunque estos todavía no se han concretado.
Asimismo, cuestionó que en algunos casos las acciones legales han sido utilizadas para obtener recursos del Estado.
“Las demandas contra el Estado se han utilizado para sacar recursos del país, aunque algunas construidas bajo criterios que no son sólidos, que al final tenemos que cumplirlas”, expresó.
Preparan defensa ante la CIDH
Respecto a los procesos internacionales, el procurador aseguró que la Procuraduría ya respondió a los requerimientos formulados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y espera que los argumentos presentados permitan fortalecer la defensa del Estado.
Explicó que la audiencia temática estará enfocada en responder cuestionamientos relacionados con la aplicación de determinadas figuras legales, por lo que confía en que la institución contará con los elementos necesarios para sostener la posición del Estado hondureño ante la CIDH.
