• El Decreto 10-2026 traslada al Pleno de magistrados el control administrativo y obliga a que las decisiones se aprueben con al menos ocho votos
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El Diario Oficial La Gaceta publicó este 20 de febrero de 2026 el Decreto No. 10-2026, mediante el cual el Congreso Nacional retira a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, la facultad administrativa para nombrar y destituir personal, atribución que a partir de ahora corresponderá al Pleno de los quince magistrados propietarios.
La reforma modifica el esquema vigente y devuelve al órgano colegiado el control sobre la selección, nombramiento, ascenso, traslado y permuta de jueces, magistrados y defensores públicos.
Con ello, las decisiones administrativas ya no recaerán en la Presidencia del máximo tribunal, sino en el voto de la mayoría del Pleno.
Según lo establecido en el decreto, cualquier resolución en esta materia deberá contar obligatoriamente con el respaldo de al menos ocho de los quince magistrados, es decir, la mitad más uno, reforzando el principio de colegialidad dentro del Poder Judicial.
Argumento del Legislativo
El Congreso fundamentó la reforma en la necesidad de corregir la concentración de facultades en la Presidencia de la Corte, señalando que la prolongación de normas transitorias había generado un esquema que alteraba la igualdad jerárquica entre magistrados y debilitaba los controles internos.
Con la entrada en vigencia del Decreto 10-2026, el mando administrativo queda formalmente restituido al Pleno, limitando las atribuciones unilaterales de la titular del Poder Judicial.
Nuevas obligaciones y plazo para ley definitiva
Además del traslado de facultades, la normativa obliga a la Presidencia a presentar informes trimestrales de gestión y a ejercer funciones administrativas únicamente con base en planes previamente aprobados por el Pleno.
El decreto también establece que la Corte Suprema deberá remitir al Congreso, en un plazo máximo de 60 días, una propuesta de nueva Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial. De no hacerlo, cualquier diputado podrá presentar la iniciativa.
La publicación en La Gaceta marca así la entrada en vigor de una reforma que redefine el equilibrio interno en la Corte Suprema de Justicia y modifica de manera directa las atribuciones administrativas de su Presidencia.
