TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La Corte de Apelaciones en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción ratificó el auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva contra el exjuez Marco Antonio Vallecillo.
El portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva dijo que los juzgados competentes han informado este martes que se ha ratificado el auto de formal procesamiento con prisión preventiva para el exjuez Marco Vallecillo y Nelson Sierra Flores.
La defensa de los imputados interpusieron un recurso ante la Corte de Apelaciones para revocar la medida de prisión preventiva, sin embargo, los integrantes de la misma dejaron en firme el auto de formal procesamiento con la prisión preventiva.
Ambos imputados fueron detenidos el sábado 17 de agosto, respondiendo a una orden de aprehensión presentada por el Ministerio Público.
Según la Fiscalía hondureña, el exjuez Vallecillo y el abogado Sierra recibían tres millones de lempiras en el marco de un esquema extorsivo en el cual los imputados presionaban a un testigo protegido para recibir el beneficio de no ser acusado por el Ministerio Público.
Vallecillo guarda prisión en las instalaciones del Comando Especial más conocido como Los Cobras ubicado en la colonia 21 de octubre.
Detención de Vallecillo
La investigación se inició tras la denuncia de un testigo protegido que alertó sobre un esquema extorsivo en su contra.
Según el Ministerio Público, Vallecillo y Sierra lo amenazaron con presentar un requerimiento fiscal por parte de la Unidad Fiscal Especializada en Redes de Corrupción (Uferco).
Vallecillo, quien era coordinador de los Juzgados de Corrupción y Criminalidad Organizada, fue arrestado junto a Sierra el 17 de agosto en Tegucigalpa por miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).
La captura se produjo pocas horas después de que el fiscal general, Johel Zelaya, ordenara su detención, acusando a Vallecillo de utilizar su nombre y el de fiscales de Uferco para extorsionar a personas investigadas por corrupción.
Ambos fueron detenidos en flagrancia mientras recibían tres millones de lempiras, parte de un esquema en el que presionaban a un testigo protegido para evitar acusaciones en su contra, según informó el Poder Judicial.
