• La Corte de Apelaciones dejó firme la privación de dominio de 106 bienes, entre inmuebles, vehículos y cuentas bancarias, vinculados a la pareja.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
La Corte de Apelaciones confirmó este lunes la privación definitiva del dominio de los bienes de Mario “Cubeta” Cálix y su cónyuge, Angélica María Maldonado Cueva, dejando firme la resolución emitida previamente por el Juzgado de Letras en materia de Privación de Dominio.
La decisión ratifica la sentencia dictada el 28 de agosto de 2024, mediante la cual se ordenó la privación de dominio de un total de 106 bienes vinculados a la pareja.
Entre los activos afectados figuran 58 bienes inmuebles, 13 vehículos y 32 cuentas bancarias, cuyo origen y procedencia fueron objeto de análisis durante el proceso judicial.
Patrimonio de más de 69 millones de lempiras
De acuerdo con las investigaciones presentadas por el Ministerio Público, Mario Cálix no logró justificar legalmente la procedencia de un patrimonio valorado en 69 millones 719 mil 684.72 lempiras.
La Fiscalía sostuvo que, dentro del núcleo familiar y empresarial relacionado con Cálix, fueron identificados bienes que habrían sido adquiridos durante el período en que este realizaba actividades vinculadas al narcotráfico.
Estos elementos fueron utilizados por el Ministerio Público para sustentar ante los tribunales que existía una discrepancia entre el patrimonio identificado y los ingresos o actividades económicas que podían justificar legalmente su origen.
También se anulan tres sociedades mercantiles
La resolución judicial no se limita a los bienes muebles e inmuebles. La Corte también determinó la nulidad de tres sociedades mercantiles relacionadas con el proceso de privación de dominio.
Sin embargo, el fallo reconoce los derechos que corresponden a terceros de buena fe, entre ellos dos instituciones bancarias y otras personas naturales, cuyos intereses legítimos fueron considerados dentro del proceso.
Con la resolución de la Corte de Apelaciones, queda confirmada la pérdida definitiva del dominio sobre los bienes sujetos al proceso y se mantiene vigente la sentencia emitida en agosto de 2024.
El caso constituye una de las acciones patrimoniales emprendidas por el Ministerio Público contra bienes que, según sus investigaciones, estarían relacionados con actividades ilícitas, particularmente con operaciones vinculadas al narcotráfico.
