- ASJ advierte que aprobar la ley no garantiza resultados y exige transparencia, reducción de pérdidas y una gestión técnica y despolitizada del sistema eléctrico hondureño.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. —
La aprobación de la reforma energética representa apenas el punto de partida para transformar el sistema eléctrico de Honduras.
Así lo advirtió Edgar Aguilar, jefe del Departamento de Energía de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), quien llamó a que la nueva normativa sea acompañada de una implementación transparente, reducción efectiva de las pérdidas y una conducción técnica y despolitizada de las empresas del sector.
Aguilar reconoció el esfuerzo técnico y político que implicó la aprobación de una reforma de esta magnitud, pero remarcó que la entrada en vigencia de la ley, por sí sola, no garantiza una mejora en el servicio.
“Este solo es el inicio. La aprobación de la ley en sí no garantiza resultados, pero sí ayuda a crear un marco, una base para que tengamos un servicio de mayor calidad en el país”, señaló.
Inversión y seguridad energética
De acuerdo con el representante de ASJ, uno de los principales retos será crear las condiciones necesarias para atraer inversión y garantizar suficiente capacidad de generación y transmisión.
El objetivo, explicó, debe ser evitar que las deficiencias del sistema eléctrico continúen convirtiéndose en un obstáculo para las empresas nacionales y extranjeras interesadas en establecerse en Honduras.
Para ello, consideró fundamental que las nuevas estructuras empresariales del sector sean administradas bajo criterios técnicos, con transparencia y alejadas de intereses políticos.
ASJ pide transparencia en los subsidios
Otro de los puntos que ASJ considera clave es la aplicación de los mecanismos de alivio contemplados en la reforma para consumidores que utilizan menos de 250 kilovatios hora, así como para municipalidades con menores ingresos fiscales.
Aguilar valoró la incorporación de estos beneficios, pero advirtió que deben llegar realmente a quienes los necesitan y ser administrados bajo criterios de transparencia.
“No tiene por qué alguien que tiene un apartamento en Lomas, aquí en Tegucigalpa, estar recibiendo este beneficio con los recursos estatales y nuestros impuestos limitados. Debe ir a quien verdaderamente lo necesita”, cuestionó.
En ese sentido, adelantó que ASJ dará seguimiento a la implementación de los subsidios y demandará información pública que permita verificar quiénes son los beneficiarios y cómo se utilizan los recursos del Estado.
Las pérdidas, el gran desafío financiero
Uno de los principales focos de preocupación de la organización son las pérdidas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), que, según Aguilar, continúan aumentando y representan una pesada carga para las finanzas públicas.
“Las pérdidas ya en este momento están en 11,440 millones de lempiras y van para arriba”, afirmó.
El representante de ASJ también señaló que Honduras no estaría cumpliendo las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para reducir las pérdidas eléctricas, lo que, a su juicio, termina afectando la credibilidad financiera del país.
Tres meses para regularizar conexiones
La reforma establece además un período de tres meses para que los usuarios puedan regularizar su situación. Aguilar consideró que este plazo debe ser aprovechado por la ENEE para facilitar el proceso y garantizar la disponibilidad de medidores y equipos para quienes decidan legalizar sus conexiones.
Una vez concluido ese período, quienes continúen incurriendo en el hurto de energía deberán enfrentar las acciones correspondientes por parte del Estado y el Ministerio Público.
“Empiecen por los más grandes”, recomendó Aguilar, al insistir en que la lucha contra las pérdidas debe comenzar en los sectores donde el problema tiene mayor impacto.
ASJ ya ha hecho público un mapa en el que identifica las zonas del país donde se concentran las mayores pérdidas eléctricas.
La advertencia de la organización es clara: la aprobación de la reforma no debe marcar el final del debate, sino el inicio de una etapa en la que los resultados, la transparencia y la eficiencia deberán demostrar si el nuevo marco energético realmente logra cambiar la realidad del sistema eléctrico hondureño.
