TEGUCIGALPA, HONDURAS.
A criterio del abogado constitucionalista, José Zúniga, reglamentar la extradición beneficiaría a la clase política para no ser requerida por países como Estados Unidos.
El experto exteriorizó que con el auto acordado todos los que han sido requeridos por EE.UU. y demás países han sido entregados a la justicia extranjera.
Expuso que el auto acordado es un híbrido de un procedimiento administrativo penal en donde se presenta un mínimo de prueba del Estado requirente ante el juez natural; sin embargo, esto no le da un parámetro de valoración al juez natural, simplemente se trata de una solicitud.
De igual manera, indicó que una ley de extradición irónicamente permitiría una salida donde el juez valorará la prueba enviada por el Estado requirente y a través de su criterio y basado en la ley, podrá declarar que no procede dicha extradición.
En tal sentido, señaló que se estaría ante la puerta de posibles salidas jurídicas para que la clase política no pueda ser requerida en el extranjero.
A su juicio, deberían acelerarse las solicitudes de extradición pendientes de evacuar bajo la normativa del auto acordado para que respondan ante tribunales extranjeros y posteriormente comenzar a socializar la ley de extradición que se pretende aprobar.
Cabe mencionar que una reforma constitucional aprobada en 2012 habilitó a través de un auto acordado la extradición de hondureños a solicitud de otros países.
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, expresó recientemente que la norma será revisada y que puede ser adecuada para que las extradiciones se hagan de acuerdo a una ley y no en base al auto acordado.