- La defensa de Juan Orlando Hernández solicitó una semana para estudiar las pruebas presentadas por el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. —
La audiencia inicial contra Juan Orlando Hernández fue reprogramada para el próximo martes 18 de agosto a las 9:00 de la mañana, luego de que la defensa solicitara un plazo adicional para analizar los medios de prueba presentados por el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República (PGR).
Hernández continuará enfrentando el proceso en libertad, mientras el ente acusador mantiene firme la acusación por los delitos de Fraude y Lavado de Activos, en una investigación relacionada con el supuesto desvío de aproximadamente 10.8 millones de dólares.
El vocero del Poder Judicial, Carlos Silva, explicó que el Ministerio Público presentó un total de 48 medios de prueba que pretende evacuar durante la audiencia inicial.
El expediente incluye 38 pruebas documentales, tres pericias, dos testigos y cinco evidencias, elementos que deberán ser analizados por el juez encargado del proceso.
Defensa pidió tiempo para estudiar las pruebas
Durante la audiencia, la defensa del exmandatario solicitó al juez una semana adicional, argumentando que necesitaba un “tiempo prudencial” para estudiar detalladamente los medios probatorios presentados por el Ministerio Público y la PGR.
La Procuraduría, por su parte, solicitó incorporar un video relacionado con la intervención de Hernández durante la audiencia de declaración de imputado.
De acuerdo con Silva, el material audiovisual está vinculado con las manifestaciones realizadas por el expresidente respecto a las pretensiones de la PGR para que se le impusiera la medida cautelar de prisión preventiva.
Ante la solicitud de la defensa, el juez determinó reprogramar la continuación de la audiencia para el martes 18 de agosto.
Defensa deberá responder a las pruebas
Cuando se retome la audiencia, corresponderá a la defensa de Hernández pronunciarse sobre los medios de prueba presentados por el Ministerio Público y la Procuraduría, además de determinar si formula objeciones contra alguno de los elementos propuestos por las partes acusadoras.
El proceso se desarrolla a partir de una investigación en la que la Fiscalía sostiene que aproximadamente 10.8 millones de dólares habrían sido desviados y posteriormente utilizados en movimientos relacionados con actividades políticas.
La acusación mantiene al expresidente ante los tribunales hondureños, en un proceso que ahora entra en una etapa clave con el análisis de casi medio centenar de medios de prueba.
La audiencia del próximo martes determinará cómo avanza el proceso y cuáles de los elementos probatorios presentados por la Fiscalía y la PGR serán objeto de discusión por parte de la defensa.
