- Ángel Danilo Estrada Zelaya y otros dos empleados enfrentan formal prisión por supuesta apropiación indebida de cuatro millones de lempiras; deberán presentarse semanalmente a los juzgados.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
Por primera vez, se revocó la amnistía política otorgada a Ángel Danilo Estrada Zelaya, quien deberá presentarse ante los Juzgados en materia de Corrupción por supuestos delitos de fraude contra el Estado cometidos en 2010.
En la presente administración, Estrada Zelaya había recibido la amnistía bajo el argumento de haber sido víctima de persecución política por parte del gobierno anterior.
La medida fue revocada luego de que el Ministerio Público declarara a lugar un recurso interpuesto contra él.
El caso involucra también a Jairo Noel Alemán, contador, y Siria Marely Méndez, analista de crédito, quienes junto a Estrada Zelaya fueron acusados en 2010 por abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, uso de documentos públicos falsos y extorsión, tras una investigación del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) en Yoro.
“Luego que la fiscalía contra la Corrupción presentara todas las pruebas pertinentes, el juzgado penal del municipio de Yoro dictó auto de formal prisión”, informó el tribunal. Los imputados se defenderán en libertad, pero sus funciones fueron suspendidas, tienen prohibición de salir del país y deberán presentarse una vez por semana ante los juzgados del departamento de Yoro.
Las investigaciones indican que los imputados presuntamente se apropiaron de cuatro millones de lempiras. Según la auditoría del banco, cuando los clientes pagaban cuotas de préstamos, los acusados no entregaban el dinero al banco, sino que se quedaban con los fondos.
En otros casos, los imputados habrían llenado los requisitos de préstamos solicitados por clientes y posteriormente los denegaban, utilizando la documentación para obtener préstamos a su nombre y falsificando que otros habían recibido los mismos créditos.
El informe señala que estas prácticas se habrían mantenido durante varios años, lo que convierte a los acusados en responsables de un esquema de fraude que afectó gravemente las finanzas públicas y la confianza en la institución bancaria.
