TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La Corte de Apelaciones designada ordenó eliminar la medida de arresto domiciliario a seis excongresistas y una persona natural en el caso “Red de Diputados”.
Este jueves un juez de letras designado realizó la audiencia de notificación de los recursos de apelación que admitió la Corte de Apelaciones.
La resolución de la Corte de Apelaciones designada fue imponer la prohibición de salida del país a los imputados y que firmen cada 15 días en el libro de registro de los juzgados.
Asimismo, se ratificó la medida de auto de formal procesamiento por el delito de malversación de caudales públicos para los exdiputados y por apropiación indebida para un imputado.
Los excongresistas implicados son: Augusto Cruz Asensio, Héctor Enrique Padilla Hernández, Audelia Rodríguez Rodríguez, Eleazar Alexander Juárez Saravia y Dennis Antonio Sánchez Fernández.
CASO RED DE DIPUTADOS
Tras un trabajo silencioso desde su instalación en septiembre, la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción del Ministerio Público de Honduras (UFECIC-MP) y la Misión contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH-OEA) anunciaron el resultado del primer caso de corrupción investigado bajo el esquema de Equipos Integrados de Investigación y Persecución Penal, donde participan fiscales e investigadores de Honduras y expertos internacionales de MACCIH-OEA.
El equipo integrado UFECIC-MACCIH descubrió a través de sus fiscales e investigaciones una Red de Diputados que se apropió ilegalmente de fondos públicos destinados a proyectos sociales que fueron desviados para uso personal. Los diputados y la diputada se valieron de una ONG que recibía fondos para proyectos sociales de la Secretaría de Finanzas y del Congreso Nacional.
La UFECIC, con el apoyo de la MACCIH, ya ha presentado el requerimiento para iniciar el proceso penal por el presunto delito de malversación de caudales públicos a los diputados miembros de esta red: Héctor Enrique Padilla Hernández, Audelia Rodríguez Rodríguez, Augusto Domingo Cruz Ascencio, Dennys Antonio Sánchez Fernández y Eleazar Alexander Juárez Saravia. También se ha solicitado la suspensión inmediata en cada caso de su calidad de diputado.
Los diputados y la diputada solicitaban fondos al Poder Ejecutivo, estos eran entregados a la ONG, la cual enviaba los fondos públicos a los propios diputados. Los diputados y diputada implicados en esta Red recibieron 15 cheques directamente desde la cuenta de la ONG ASOCIACIÓN NACIONAL DE PRODUCTORES E INDUSTRIALES DE BARRIOS Y COLONIAS DE HONDURAS (ANPIBCH), ente que recibió varias transferencias desde la Secretaría de Finanzas por L. 3´300,000, el 14 y 21 de diciembre de 2015. En total se trasladó a dicha ONG L. 8´300,000, incluyendo fondos del Congreso, cuyo destino sigue en investigación
La UFECIC y la MACCIH, han seguido la ruta del dinero y se ha comprobado que los recursos públicos fueron desviados hacia los diputados, quienes no tenían ninguna autorización para recibir esos fondos, con lo que se habría perfeccionado el delito de malversación de caudales públicos.
La UFECIC y la MACCIH inauguran el sistema hondureño anticorrupción con esta investigación a la Red de Diputados, cuyas ramificaciones la UFECIC y la MACCIH seguirán investigando con mecanismos forenses modernos.
Corresponde ahora a los órganos de justicia actuar diligentemente sobre el requerimiento y las pruebas presentadas por la UFECIC y MACCIH ante la Corte Suprema, y asegurar que los responsables de actos de corrupción contra el patrimonio público sean procesados de acuerdo a la gravedad de los actos cometidos.
La estructura de la red de diputados involucrados incluyó la participación de otras personas, entre quienes figuran Jeremías Castro Andrade, Tesorero de la ONG; José Napoleón Panchamé Banegas, Director Ejecutivo de la ONG; y, Geovanny Castellanos Deras, gestor de las operaciones.
