- El exjefe militar deberá comparecer este miércoles ante los tribunales por una acusación del Ministerio Público relacionada con publicaciones difundidas desde medios institucionales de las Fuerzas Armadas contra periodistas.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. —
El general en retiro y exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, comparecerá este miércoles 19 de agosto ante los tribunales, luego de que el Ministerio Público presentara un requerimiento fiscal en su contra por presuntos delitos vinculados con la discriminación y la limitación o impedimento de derechos fundamentales, en un caso que vuelve a poner bajo la lupa la relación entre el poder estatal y la libertad de prensa.
La acusación está relacionada con una serie de publicaciones difundidas durante 2025 y 2026 a través de medios digitales institucionales de las Fuerzas Armadas, cuyos contenidos fueron denunciados por periodistas y organizaciones defensoras de derechos humanos como parte de una presunta campaña de estigmatización y desacreditación contra comunicadores críticos del accionar militar.
La Fiscalía Especial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (FEPRODDHH) sostiene que las publicaciones y declaraciones cuestionadas podrían constituir actos de incitación a la discriminación y una restricción indirecta al ejercicio de la libertad de expresión.
Según el requerimiento fiscal, la investigación incluyó denuncias formales, diligencias prejudiciales, testimonios y un peritaje especializado sobre material audiovisual y digital incorporado al expediente.
Periodistas señalados desde medios militares
Uno de los elementos centrales del caso son las publicaciones en las que, según la acusación y las denuncias presentadas, se señaló públicamente a periodistas por cuestionar las actuaciones de las Fuerzas Armadas durante el proceso electoral.
Entre los comunicadores mencionados figuran Rodrigo Wong Arévalo, director y propietario de Canal 10; Dagoberto Rodríguez, director de Radio Cadena Voces; Juan Carlos Sierra, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH); y el reportero José Adán López.
Las denuncias sostienen que algunos de estos periodistas fueron vinculados públicamente con expresiones como “sicarios de la verdad” y, en el caso de López, con el supuesto vínculo con estructuras del crimen organizado.
Los comunicadores denunciaron los hechos ante organismos de derechos humanos y el Ministerio Público, acompañados por organizaciones como la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU).
Posteriormente, expresiones similares aparecieron en pancartas colocadas en distintos puntos de Tegucigalpa, incorporando a otros periodistas y medios de comunicación, situación que fue denunciada como una posible estrategia de intimidación contra el ejercicio periodístico.
Fiscalía señala presunto uso de recursos oficiales
En el requerimiento fiscal, la FEPRODDHH plantea que Hernández, debido a su formación, jerarquía y posición dentro de las Fuerzas Armadas, conocía la protección constitucional y legal que ampara la libertad de prensa.
La Fiscalía sostiene que el entonces jefe militar habría impulsado, autorizado, coordinado o instruido la difusión de contenidos considerados estigmatizantes utilizando plataformas y recursos institucionales.
El Ministerio Público considera que la reiteración de los mensajes y su difusión masiva pudieron generar un efecto de intimidación y autocensura entre periodistas, además de representar un riesgo para los comunicadores señalados.
La acusación también hace referencia a declaraciones posteriores atribuidas al exjefe militar, que, según la Fiscalía, habrían mantenido la asociación pública de periodistas con estructuras del crimen organizado.
Una comparecencia que había sido reprogramada
Hernández estaba citado inicialmente para comparecer el pasado 7 de agosto, pero su defensa alegó que tenía otra diligencia judicial programada para esa misma fecha.
Ante esa situación, el juez Julio Enrique Rodríguez reprogramó la audiencia para este miércoles 19 de agosto.
La diligencia tendrá carácter informativo y permitirá que el imputado conozca formalmente los hechos que sustentan la acusación presentada por el Ministerio Público, además de establecerse la postura de su defensa y las determinaciones que adopte el juzgado sobre la continuidad del proceso.
Organizaciones defensoras de la libertad de expresión han cuestionado previamente las solicitudes y recursos promovidos por la defensa, al considerar que podrían constituir maniobras dilatorias para retrasar la comparecencia del exjefe militar.
También denunciaron presuntas presiones y amenazas contra el juez que conoce el expediente. Los señalamientos han sido rechazados tanto por el propio funcionario judicial como por los magistrados señalados.
El expediente podría no ser el único frente judicial
La comparecencia de este miércoles podría no ser el único proceso que enfrente Hernández.
El periodista Mario López informó que el Ministerio Público reactivó una denuncia contra el exjefe militar por presuntos delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios.
De acuerdo con la denuncia, el caso se originó por un incidente que habría involucrado a la hija del comunicador cuando era cadete de la academia militar. López sostiene que la joven habría sido víctima de un hecho en el que otro cadete presuntamente le suministró una sustancia ilícita sin su consentimiento.
El periodista afirma que el entonces jefe de las Fuerzas Armadas tuvo conocimiento de lo ocurrido, pero que no se habría realizado una investigación exhaustiva.
También denunció que él y su familia posteriormente fueron víctimas de amenazas y acoso, situación que, según su relato, lo llevó a cambiar de residencia, salir temporalmente del país e incorporarse al Sistema Nacional de Protección para Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.
Una gestión militar marcada por controversias
El proceso contra Hernández se suma a una serie de controversias que marcaron su paso por la conducción de las Fuerzas Armadas, particularmente por su participación en asuntos políticos y electorales durante 2025.
Durante ese período protagonizó enfrentamientos públicos con las entonces consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López y Ana Paola Hall, en medio de cuestionamientos relacionados con el proceso electoral.
Los episodios fueron posteriormente incorporados por las propias consejeras en el informe “La verdad histórica de las elecciones 2025”, presentado ante el Ministerio Público.
Ahora, ya en condición de retiro, Hernández deberá responder ante la justicia por la acusación relacionada con las publicaciones contra periodistas. La audiencia de este miércoles marcará así el primer paso formal de un proceso que trasciende al exjefe militar y vuelve a colocar en el centro del debate los límites del poder institucional, el uso de recursos estatales y las garantías para el ejercicio de la libertad de prensa en Honduras.
