- María Antonieta Mejía pidió activar la ruta de protección para identificar al menor y garantizar la restitución de sus derechos, mientras desde la Corte Suprema advierten que la integridad de los niños no puede convertirse en contenido a cambio de dinero.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. —
El caso que involucra a los creadores de contenido “Soy Rosel” y “Urías Lobo” continúa generando indignación y críticas en redes sociales luego de que ambos realizaran una dinámica en la que, según las imágenes difundidas, un menor habría sido rapado a cambio de 500 lempiras.
La situación ha provocado cuestionamientos sobre los límites del contenido generado para redes sociales, particularmente cuando este involucra a niños y adolescentes, y ha llevado a autoridades hondureñas a solicitar la intervención de las instituciones responsables de garantizar sus derechos.
La designada presidencial María Antonieta Mejía, quien además dirige el Sistema Integral de Garantía de Derechos de la Niñez y Adolescencia en Honduras (Sigadenah), señaló que debe establecerse la responsabilidad que corresponda por lo ocurrido.
Mejía informó que solicitó la activación de la ruta de protección correspondiente, con el propósito de identificar al menor, conocer las condiciones de su entorno familiar y determinar las medidas necesarias para garantizar la restitución de sus derechos.
La funcionaria enfatizó que el caso no debe limitarse a la polémica generada en redes sociales, sino que requiere una intervención institucional que permita conocer las circunstancias en las que ocurrió el hecho y determinar si fueron vulnerados derechos fundamentales del menor.
“La imagen y dignidad de un niño no son mercancías”
A las voces de preocupación se sumó la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Isabela Bustillo, quien fue contundente al referirse al caso y al tratamiento de la imagen de los menores en este tipo de contenidos.
Bustillo sostuvo que la imagen y la dignidad de un niño no son mercancías ni pueden reducirse a un precio, dejando claro que ningún beneficio económico o generación de contenido debe estar por encima de la integridad y bienestar de un menor.
La magistrada remarcó que los derechos de la niñez deben prevalecer frente a cualquier interés económico o de entretenimiento y señaló que desde la Corte Suprema existe el compromiso de trabajar de manera integral y coordinada entre los distintos poderes del Estado para fortalecer la protección de los menores.
El debate trasciende a los protagonistas
El episodio ha reavivado una discusión cada vez más presente en Honduras: ¿hasta dónde pueden llegar los creadores de contenido para generar reproducciones, seguidores o ingresos cuando sus dinámicas involucran a menores?
Las autoridades deberán determinar las circunstancias específicas del caso y si existió alguna vulneración de derechos, mientras organizaciones e instituciones relacionadas con la protección de la niñez mantienen bajo escrutinio este tipo de prácticas.
Más allá de la polémica en redes, el caso coloca nuevamente en el centro una premisa fundamental: la necesidad de proteger a los niños frente a cualquier práctica que pueda convertir su imagen, dignidad o integridad en un recurso para obtener dinero o generar contenido viral.
