TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El oficial de Comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Melvin Duarte, informó que el pleno del máximo tribunal aprobó una serie de sanciones contra funcionarios de la carrera judicial, en medio de un proceso de revisión que expone fallas en el control interno del sistema.
Durante la sesión, los magistrados analizaron 12 expedientes que involucran a 14 funcionarios judiciales, como resultado se impusieron nueve sanciones disciplinarias, entre ellas a dos jueces —uno multado con 15 días de salario y otro suspendido por cinco días—. Asimismo, como parte de las medidas más severas, se ejecutaron tres despidos de personal auxiliar —dos receptores y una secretaria— por irregularidades en el manejo de expedientes, y uno de estos casos fue remitido al Ministerio Público para investigación.
Pese a las sanciones, los jueces involucrados podrán continuar en sus cargos una vez cumplan las medidas impuestas, lo que abre cuestionamientos sobre el alcance real de las acciones disciplinarias dentro del Poder Judicial.
Irregularidades que dejan huella
Según detalló Duarte, los despidos obedecen a procedimientos irregulares en el manejo de expedientes, una práctica que pone en entredicho la transparencia y el debido proceso en la administración de justicia.
Las decisiones del pleno reflejan un intento por depurar responsabilidades; sin embargo, también evidencian que las irregularidades no son hechos aislados, sino parte de un problema más profundo dentro de la estructura judicial.
La sombra de nombramientos cuestionados
En paralelo, el pleno de la CSJ decidió rescindir alrededor de 180 nombramientos realizados en la etapa final de la presidencia de Ráquel Obando, los cuales, según denuncias de sectores gremiales, expertos y afectados, habrían sido efectuados de forma discrecional.
Estas designaciones —que incluyeron nombramientos, ascensos y destituciones— se habrían realizado sin respetar los procesos de la carrera judicial ni los concursos establecidos por ley, lo que ha generado fuertes críticas y reclamos dentro del gremio.
¿Depuración o corrección tardía?
Aunque las sanciones y despidos representan una señal de acción, también dejan al descubierto una reacción que llega después de que las irregularidades ya impactaron el sistema judicial.
El proceso de revisión en la CSJ abre interrogantes sobre la transparencia, la meritocracia y la independencia judicial en Honduras, en un contexto donde la confianza ciudadana en la justicia continúa siendo frágil.
Más que sanciones puntuales, el desafío parece ser estructural: reconstruir un sistema que garantice que estas prácticas no se repitan.
