- Por violaciones al debido proceso, la CSJ dejó sin efecto el juicio oral contra el exjuez acusado de extorsión y ordenó regresar la causa a su etapa inicial.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió por unanimidad suspender el proceso penal seguido contra el exjuez Marco Vallecillo, al considerar que durante la investigación se vulneraron garantías constitucionales relacionadas con el debido proceso.
La decisión deja sin valor y efecto el juicio oral y público que estaba programado y ordena que el expediente regrese a su etapa inicial.
Con este fallo, el exfuncionario podría recobrar su libertad, luego de permanecer privado de ella desde su captura el 17 de agosto de 2024, cuando fue acusado por la supuesta comisión del delito de extorsión.
De acuerdo con la resolución emitida por los magistrados de la Sala Constitucional, el ente acusador del Estado incurrió en actuaciones que violentaron derechos y garantías fundamentales del imputado, motivo por el cual se concedió el recurso constitucional y se determinó retrotraer el proceso judicial.
Vallecillo se desempeñaba como coordinador del Juzgado de Letras en materia de Criminalidad Organizada y Corrupción cuando fue detenido por orden del fiscal general.
El Ministerio Público lo señaló de aprovechar su investidura para extorsionar a personas investigadas por delitos de corrupción, utilizando presuntamente el nombre de otros fiscales para exigir dinero a cambio de evitar acciones penales.
Según la versión oficial del Ministerio Público, el exjuez fue capturado en un supuesto acto flagrante junto al abogado Nelson Sierra, cuando ambos recibían tres millones de lempiras que formarían parte de un presunto esquema de extorsión.
La acusación sostiene que los imputados presionaban a un testigo protegido para impedir la presentación de un requerimiento fiscal en su contra, bajo la amenaza de que sería acusado por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco).
La resolución de la Sala de lo Constitucional no implica un pronunciamiento sobre la inocencia o culpabilidad del exjuez, sino que establece que el proceso deberá reiniciarse desde la fase inicial para garantizar el respeto al debido proceso y a las garantías constitucionales del acusado.
