- La CSJ da trámite al recurso presentado por el exfiscal y solicita al Congreso los antecedentes del juicio político; su destitución continúa vigente.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. —
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió el recurso de amparo presentado por el abogado Johel Antonio Zelaya Álvarez contra el Decreto N.º 46-2026 del Congreso Nacional, mediante el cual fue destituido de su cargo como fiscal general de la República tras un juicio político.
La resolución corresponde al Recurso de Amparo Administrativo No. 0866-26, con fecha 23 de junio de 2026, y permite que el Poder Judicial entre a conocer los argumentos planteados por Zelaya en contra de la decisión adoptada por el Legislativo.
Sin embargo, la Sala determinó que el amparo fue admitido sin suspender los efectos del decreto de destitución. Es decir, la decisión no implica que Zelaya recupere el cargo mientras se desarrolla el proceso judicial.
De acuerdo con la resolución, el tribunal consideró que la acción no reúne los requisitos establecidos en el artículo 59 de la Ley Sobre Justicia Constitucional para ordenar la suspensión temporal del acto reclamado.
Congreso deberá entregar los antecedentes
Como parte del trámite, la Sala de lo Constitucional ordenó comunicar al Congreso Nacional la admisión del recurso y le concedió un plazo de dos días hábiles para remitir los antecedentes relacionados con el caso o presentar un informe circunstanciado sobre el procedimiento seguido para la destitución.
La documentación deberá ser incorporada al expediente para que los magistrados puedan analizar los argumentos expuestos y determinar si durante el proceso cuestionado se produjo alguna vulneración constitucional.
La admisión del amparo no constituye todavía un fallo sobre el fondo del caso. La Sala deberá continuar con el análisis del expediente antes de determinar si concede o deniega las pretensiones planteadas por Zelaya.
Mientras tanto, el Decreto N.º 46-2026 permanece vigente y la destitución del exfiscal general no queda suspendida por la admisión del recurso.
El caso abre así una nueva batalla en los tribunales alrededor de la destitución de Zelaya, quien busca que el Poder Judicial revise la legalidad del procedimiento mediante el cual fue separado del cargo.
