• El Congreso paraguayo mantiene en suspenso su renuncia y apuesta por continuar el proceso que podría destituirlo, en una disputa que también definirá si obtiene los fueros de senador vitalicio o queda expuesto a la justicia ordinaria.
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció este jueves que comparecerá ante el Senado para enfrentar el juicio político en su contra y ejercer su derecho a la defensa, luego de que la Cámara de Diputados aprobara por unanimidad la acusación que busca apartarlo del poder.
«Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa», expresó el mandatario en un mensaje publicado en su cuenta de X, en el que también aseguró que colaborará con las instituciones para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.
La decisión de Peña se produce en medio de una disputa en el Congreso sobre el mecanismo de su salida de la Presidencia. Aunque el gobernante presentó formalmente su renuncia, los legisladores no han dado trámite definitivo a su dimisión y buscan mantener vigente el juicio político.
La controversia tiene importantes consecuencias jurídicas. Si el Congreso acepta la renuncia y no prospera el juicio político, Peña podría acceder a la condición de senador vitalicio que establece la Constitución paraguaya para los expresidentes electos democráticamente, figura que contempla inmunidades parlamentarias y un procedimiento previo de desafuero para enfrentar un proceso penal.
En cambio, si el Senado continúa con el juicio político y lo declara culpable, Peña quedaría excluido de ese beneficio y los antecedentes de posibles delitos podrían pasar a la justicia ordinaria, donde se determinarían eventuales responsabilidades penales.
La crisis se originó por la intervención de Ueno Bank, entidad con aproximadamente 2.9 millones de clientes, luego de que el Banco Central detectara que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido. La situación dejó congelados los fondos de millones de usuarios, incluidos recursos de instituciones estatales.
Peña sostuvo que la devolución de los depósitos a los afectados no debe quedar supeditada a lo que ocurra con su situación política y aseguró que aportará toda la información que le sea requerida.
Mientras tanto, el Senado deberá definir el futuro del proceso y resolver la situación de la renuncia presidencial. La decisión no solo marcará el desenlace político de Peña, sino también el escenario jurídico al que podría enfrentarse por la crisis financiera de Ueno Bank.
