La presión sobre el mandatario creció cuando diputados opositores y disidentes del Partido Colorado impulsaron su enjuiciamiento por supuesto mal desempeño de funciones.
PARAGUAY.
(RT en Español)- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó su renuncia este 5 de noviembre, en medio de la crisis por la insolvencia y posterior intervención de Ueno Bank, y los pedidos de juicio político.
“Queridos compatriotas, hoy me dirijo a ustedes en uno de los momentos más difíciles de mi vida y con la convicción de que nuestra República siempre debe estar por encima de cualquier persona y circunstancia”, dijo Peña.
La presión sobre el mandatario creció cuando diputados opositores y disidentes del Partido Colorado impulsaron su enjuiciamiento por supuesto mal desempeño de funciones. La moción estaba en pleno desarrollo en el Congreso.
“He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República, lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas”, aseveró el mandatario en redes sociales. “Quiero pedir disculpas al pueblo, si en algún momento he fallado, nunca fue mi intención defraudar la confianza que depositaron en mí”, agregó.
Del mismo modo, aseguró que su prioridad será “la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros” al sistema financiero, mientras crece el nerviosismo por el colapso de la entidad bancaria, ahora intervenida por el Banco Central de Paraguay (BCP).
La quiebra de Ueno Bank afecta principalmente a los trabajadores, ya que durante el mandato de Peña la entidad captó miles de millones de dólares en fondos del seguro social, tras los cambios en los criterios de inversión del Instituto de Previsión Social. Unos 2,94 millones de usuarios, alrededor del 45 % de la población, perdieron acceso a sus ahorros, mientras que otros sectores que dependían de esos fondos para sus jubilaciones quedaron afectados por la incertidumbre sobre sus ingresos.
“Detrás de cada depósito hay años de esfuerzo, sacrificio y proyectos familiares. Mi mayor deseo es que se garantice la devolución de esos recursos, que el fondo de garantía de depósitos cumpla su finalidad y que se protejan los fondos públicos y los recursos que pertenecen a todos los paraguayos”, puntualizó el político.
Un juicio político truncado
La jornada de este 5 de noviembre arrancó con un debate en la Cámara de Diputados en el que se debatía la posibilidad de que Peña fuese sometido a juicio político. La moción parecía contar con el respaldo de los parlamentarios de su propio partido, por lo que se daba por hecho su aprobación.
Sin embargo, tras bastidores, el expresidente Horacio Cartes y líder de los colorados se reunió con varias fichas del Gobierno de Peña, entre ellos, el vicepresidente Pedro Alliana, quien también corría riesgo de ser sometido a ‘impeachment’. La renuncia del mandatario zanjó esa posibilidad y, según la Constitución, su segundo a bordo deberá asumir la Primera Magistratura.
El expresidente Horacio Cartes y actual presidente de la gobernante Asociación Nacional Republicana (ANR), conocida como el Partido Colorado, declaró temprano que respaldaba la iniciativa de juicio político, mientras que el titular del Senado, Basilio Núñez, pidió la dimisión de Peña.
“Como titular del Congreso de la Nación, no nos ubicaremos del lado del despojo de los fondos públicos, privados, de los ahorristas y de los jubilados”, aseveró Núñez en su cuenta de X.
Los cuestionamientos incluyen una investigación periodística publicada el 17 de octubre, según la cual Ueno Holding Saeca, vinculada al banco, pagó unos 30.000 millones de guaraníes –aproximadamente 5.026 millones de dólares– a una empresa en la que Peña figuraba como accionista. También se señala la designación de Carlos Carvallo, exdirectivo de la Financiera Ueno, al frente del Banco Central en septiembre de 2023.
La crisis involucra además al Instituto de Previsión Social, que mantenía cerca de 345 millones de dólares invertidos en Ueno Bank. La entidad bancaria también gestionaba el pago de jubilaciones de unos 32.000 beneficiarios, aunque esos desembolsos se financiaban con aportes de trabajadores y empleadores, no con dichas inversiones.
