- La solicitud de una copia íntegra de un expediente genera dudas sobre el resguardo documental del ente acusador y plantea una interrogante: ¿por qué necesita recurrir al Poder Judicial para recuperar documentación de un caso que investiga?
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
Una solicitud del Ministerio Público (MP) a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha despertado interrogantes sobre el manejo y resguardo de los expedientes en el ente acusador, luego de que la Fiscalía recurriera a la Sala de lo Penal para obtener una copia íntegra de documentación relacionada con una investigación por lavado de activos.
El hecho genera una pregunta inevitable: ¿se extravió parte de la documentación en las oficinas del Ministerio Público o existe alguna otra razón por la que la institución necesita solicitar nuevamente un expediente que forma parte de sus propias actuaciones investigativas?
La controversia surgió luego de que trascendieran versiones sobre un supuesto secuestro de documentos en la Sala de lo Penal. Ante estas publicaciones, el Poder Judicial salió al paso y negó que se haya ejecutado algún procedimiento de esa naturaleza por parte de la Fiscalía.
A través de un pronunciamiento en su cuenta oficial de X, el Poder Judicial explicó que lo ocurrido fue el préstamo rutinario de un expediente, autorizado por la Secretaría de esa dependencia, a solicitud del Ministerio Público, para que el ente acusador pudiera obtener una copia íntegra.
Se trata del expediente judicial 402-2026, relacionado con un proceso por los presuntos delitos de lavado de activos, asociación para delinquir y tenencia de arma de fuego de uso permitido. El caso también tiene actuaciones en la vía de privación de dominio.
En el expediente figuran como imputados Martín de Jesús Herrera y Vilma Suyapa Martínez, quienes enfrentan señalamientos por los delitos antes mencionados.
Aunque el Poder Judicial aseguró que el préstamo de la documentación es un procedimiento habitual y descartó cualquier secuestro de expedientes, su aclaración no responde a la principal interrogante que surge de la solicitud: ¿por qué el Ministerio Público necesita acudir a la Corte Suprema para obtener nuevamente la documentación?
Si la petición obedece a un extravío de documentos, estaríamos ante una situación que ameritaría explicaciones sobre los mecanismos de custodia, archivo y control interno de una institución cuya responsabilidad es investigar delitos y garantizar el manejo adecuado de las pruebas y los expedientes.
Hasta ahora, el Ministerio Público no ha aclarado públicamente si existe documentación extraviada, o la razón del por qué necesitaba una copia íntegra del expediente ni qué circunstancias motivaron la solicitud.
Tampoco se han divulgado detalles sobre los montos presuntamente vinculados al lavado de activos ni sobre los bienes que podrían estar relacionados con el proceso de privación de dominio.
Mientras el Poder Judicial descarta que haya existido un secuestro de documentos, la Fiscalía tiene pendiente aclarar las razones de su solicitud y despejar las dudas sobre el manejo y resguardo de la documentación de sus propias investigaciones.
