Según JOH, proceso judicial que enfrenta en Honduras es por “persecución política”

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FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS.

Este lunes, durante su llegada a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para la Audiencia de Declaración de Imputados por el caso Pandora II, el exmandatario Juan Orlando Hernández, aseguró que, el proceso judicial que enfrenta en Honduras, es “persecución política”.

“Hoy es un día en que nuevamente enfrentamos a la justicia ante esta embestida de persecución política…Vengo a enfrentar otra persecución política aquí (Honduras)”, afirmó Hernández.  

Asimismo, aseveró que, está en indefensión porqué el 9 de diciembre de 2025, pidió a su abogado solicitar se suspendiera la orden de captura en su contra, “que sólo se la presentaron a Juan Orlando Hernández, a todos los demás los dejaron presentarse en libertad, me tuvieron esperando seis meses…Pedimos una reposición el viernes y no la han resuelto”.     

Reprochó que, el juez que conocería su causa, no estuviera a la puntual donde se desarrollaría la Audiencia de Declaración de Imputados, “mis abogados me dicen que todavía no ha llegado, esperemos que llegue”.

Asimismo, increpó sobre el supuesto activismo político en el Poder Judicial para emitir cartas de libertad a exfuncionarios con cuentas pendientes con la justicia como se hizo en el gobierno anterior (Libertad y Refundación).

Aunque Hernández, ya no es funcionario, por ello, su proceso judicial debería desarrollarse en el Juzgado de Criminalidad Organizada Medio Ambiente y Corrupción, el exgobernante se presentó a la CSJ, ante el juez natural para la audiencia en la sala sexta del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa.

En tanto, en la audiencia, el juez escuchará los argumentos de la Fiscalía y la defensa antes de determinar las medidas procesales y el rumbo del expediente. El caso genera alta expectativa al convertirse en el primer proceso judicial que enfrenta Hernández en Honduras desde su regreso al país. 

El exmandatario llegó a la CSJ, luego de una semana de haber retornado a territorio hondureño tras ser indultado por el presidente estadounidense Donald Trump, ante una condena de 45 años de prisión por narcotráfico.  

Ministerio Público (MP), acusa a Hernández por los presuntos delitos de fraude y lavado de activos.  

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