• Auditorías forenses apuntan a presuntas irregularidades en el manejo de fondos destinados a alimentación y seguridad de los privados de libertad; el perjuicio económico preliminar rondaría los ocho millones de lempiras.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El director del Centro Penitenciario Nacional de Támara, coronel Juan Carlos Osorto Castillo, fue separado de su cargo mientras avanzan las investigaciones sobre un presunto desfalco que, de manera preliminar, podría alcanzar los ocho millones de lempiras, según información vinculada al caso.
La medida fue confirmada por el Instituto Nacional Penitenciario (INP), que inicialmente atribuyó el movimiento a cambios administrativos internos dentro de la estructura del sistema penitenciario.
Sin embargo, la decisión coincide con las indagaciones que realizan las autoridades competentes sobre posibles irregularidades financieras detectadas en la administración de recursos del principal centro penal del país.
De acuerdo con los datos preliminares, los fondos bajo investigación estaban destinados a cubrir gastos relacionados con la alimentación y la seguridad de la población privada de libertad recluida en la cárcel de máxima seguridad de Támara, ubicada en Francisco Morazán.
Como parte de las pesquisas, equipos técnicos desarrollan auditorías forenses y revisiones de documentación contable con el propósito de determinar el destino de los recursos, establecer posibles responsabilidades y esclarecer si existió un perjuicio económico contra el Estado.
Osorto Castillo había asumido la dirección del centro penitenciario en septiembre de 2025, en una etapa orientada al fortalecimiento de controles internos y a la reestructuración del sistema carcelario.
No obstante, su salida ocurre en un momento de creciente escrutinio sobre la gestión administrativa de los recursos asignados al recinto.
Hasta el momento, las autoridades no han detallado el origen exacto de las inconsistencias detectadas ni han confirmado si existen otros funcionarios bajo investigación.
Tampoco se han presentado requerimientos fiscales relacionados con el caso.
La situación vuelve a colocar bajo la lupa al sistema penitenciario hondureño, una institución que históricamente ha enfrentado cuestionamientos por denuncias de corrupción, problemas de transparencia y debilidades en sus mecanismos de control administrativo y financiero.
Las investigaciones continúan y se espera que en los próximos días las autoridades amplíen la información sobre los hallazgos y las eventuales acciones legales derivadas de este caso.
