FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS.
Representantes de organizaciones de la sociedad civil entregaron al Tribunal de Justicia Electoral (TJE), una iniciativa de reformas electorales, agrupadas en cinco bloques, con el propósito de contribuir al fortalecimiento del sistema democrático hondureño y para que no se repitan los eventos del proceso electoral del 2025.
La propuesta fue recibida por el magistrado TJE, Arístides Mejía Carranza, en representación del Magistrado Presidente Mario Flores Urrutia. Mejía reconoció el trabajo realizado por las organizaciones y destacó que las reformas planteadas son parte de la evolución que requiere toda sociedad.
“La democracia no se defiende sola. El problema no son las leyes, son las conductas de los individuos. Las reformas son importantes cuando responden a una evolución política, económica, geográfica o social”, expresó Mejía Carranza.
El magistrado también agradeció a las organizaciones por el proceso de diálogo desarrollado con el Tribunal y reconoció el acompañamiento de organismos internacionales como la Unión Europea, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), las Naciones Unidas y ONU Mujeres.
“Queremos agradecer por parte del TJE el esfuerzo que han hecho todas estas organizaciones. Hemos participado en sus reuniones y vemos la seriedad de sus planteamientos. Los consultores y todas las organizaciones que están representadas están haciendo un aporte muy importante a la sociedad”, señaló.
La Mesa Electoral está integrada por organizaciones como el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), la Red por la Equidad Democrática en Honduras (Redh), el Foro de Mujeres Políticas y la Universidad José Cecilio del Valle, entre otras.
Un Tribunal con mayor fortaleza
Uno de los planteamientos centrales de la propuesta es fortalecer las competencias y la independencia del TJE.
por su parte Julieta Castellanos de la Red por la Equidad Democrática en Honduras (RED-H) consideró fundamental que el Tribunal cuente con mayor autonomía presupuestaria y que sus decisiones tengan carácter definitivo dentro de la jurisdicción electoral.
“Es para nosotros impostergable que el Tribunal de Justicia Electoral tenga un presupuesto que se apruebe un año anterior incluido en el Presupuesto General de la República, pero además que sea la última instancia jurisdiccional en materia electoral”, afirmó.
Castellanos explicó que varias de las reformas planteadas tienen como referencia las dificultades experimentadas en procesos electorales anteriores y la necesidad de evitar que los conflictos entre instituciones terminen afectando el desarrollo normal de las elecciones.
También planteó la necesidad de establecer responsabilidades cuando funcionarios públicos incumplan las obligaciones que asumieron al ejercer sus cargos.
“Estas reformas son integrales e incluyen reformas constitucionales y al Código Penal, porque no pueden quedar en la impunidad que un funcionario que jura cumplir la ley y la Constitución sea el que está obstruyendo el proceso electoral”, manifestó en relación con el exmagistrado Mario Morazán que en el proceso de elecciones generales se negó a integrar las sesiones de pleno.
Para Castellanos, fortalecer al TJE permitiría que los conflictos electorales puedan resolverse de manera más rápida y dentro de una institucionalidad especializada.
Elección de magistrados:
A su vez, Edil Maradiaga representante del Consejo Nacional Electoral (CNA) explicó que se plantea un proceso público, con participación y vigilancia de la sociedad civil, que permita conocer los perfiles de quienes aspiran a ocupar cargos dentro de las instituciones electorales.
“Parte de las reformas propone un sistema de selección de las altas autoridades electorales y que la sociedad civil esté observante de cómo se dan estos procesos de selección”, indicó.
La propuesta contempla además mecanismos de tachas y denuncias que permitan a la ciudadanía participar en la evaluación de los candidatos y contribuir a que quienes lleguen a estas instituciones tengan experiencia y conocimiento especializado en materia electoral.
Maradiaga insistió en la necesidad de darle al TJE una posición más definida dentro del sistema de justicia electoral.
“Proponemos que el TJE sea la última instancia y que sus decisiones sean inapelables, que sea el órgano competente con mayor jerarquía en tema de justicia electoral”, expresó.
Según explicó, actualmente existen recursos de amparo que pueden prolongar durante años la resolución definitiva de determinados conflictos electorales, situación que, desde la perspectiva de los proponentes, resta fuerza a la justicia electoral especializada.
Justicia electoral más cerca de la ciudadanía
La propuesta también busca que el acceso a la justicia electoral no se concentre únicamente en Tegucigalpa. Entre las iniciativas se plantea que el TJE pueda contar con representación legal gratuita en el interior del país, para brindar asesoría a candidatos y ciudadanos que necesiten acudir a la jurisdicción electoral.
También se incluyen reformas relacionadas con la revisión, el recuento, la nulidad y la negativa ficta.
Sobre este último punto, la propuesta plantea que cuando el CNE no resuelva oportunamente una solicitud, pueda habilitarse la posibilidad de acudir al TJE mediante la figura de la negativa ficta, sin que esto signifique que el Consejo quede exento de su obligación de emitir una resolución expresa.
El objetivo, de acuerdo con los proponentes, es evitar que los tiempos administrativos terminen retrasando el acceso a la justicia electoral.
