- Protestas en Choloma y San Pedro Sula presionan al gobierno de Nasry Asfura mientras crece la indignación por el colapso del esquema financiero ilegal que dejó miles de afectados
SAN PEDRO SULA, HONDURAS. –
La tensión estalló este viernes en el norte del país. Decenas de socios de la empresa Koriun salieron a las calles en Choloma y San Pedro Sula, departamento de Cortés, para exigir respuestas concretas que les permitan recuperar el dinero invertido en lo que hoy es señalado como un millonario esquema fraudulento.
Los manifestantes, visiblemente molestos, aseguraron que no se retirarán de las protestas hasta obtener soluciones reales.
Incluso, demandaron la intervención directa del presidente Nasry Asfura, a quien piden gestionar ante el fiscal general la devolución de los fondos.
Las acciones de protesta han generado bloqueos vehiculares en puntos clave, afectando la circulación y aumentando la presión sobre las autoridades.
“No vamos a descansar hasta recuperar nuestro dinero”, reiteraron los afectados.
Koriun operaba ofreciendo rendimientos de hasta un 5% semanal (20% mensual), sin contar con autorización de la Comisión Nacional de Banca y Seguros.
Según las investigaciones, la empresa utilizaba dinero de nuevos inversionistas para pagar a los antiguos, una práctica conocida como esquema Ponzi, considerada insostenible y fraudulenta.
La magnitud del caso es significativa: la empresa tenía presencia en al menos siete departamentos del país y acumulaba cerca de 35 mil aportantes, muchos de ellos ahora en incertidumbre financiera.
El 23 de abril de 2025, el Ministerio Público, en conjunto con la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado y la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ejecutó el aseguramiento de oficinas de Koriun en varias ciudades, incluyendo Choloma.
Durante los operativos se decomisaron bienes, vehículos y cuentas bancarias, además de encontrar 358.7 millones de lempiras en efectivo y 69.2 millones en cuentas.
Por este caso, al menos cuatro personas enfrentan procesos judiciales por los delitos de lavado de activos y asociación para delinquir, mientras miles de afectados continúan esperando una respuesta que les permita recuperar su patrimonio.
El conflicto sigue escalando y pone en evidencia la urgencia de mecanismos más estrictos de regulación y protección para los inversionistas en Honduras.
