- El expresidente deberá presentarse el próximo 3 de agosto para responder por los presuntos delitos de fraude y lavado de activos, luego de que fuera admitido su escrito de presentación voluntaria.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
La justicia hondureña suspendió la orden de captura emitida contra el expresidente Juan Orlando Hernández, luego de admitir el escrito de presentación voluntaria presentado por su defensa, por lo que deberá comparecer ante los tribunales el próximo 3 de agosto para enfrentar una audiencia de declaración de imputado.
Hernández es señalado por el Ministerio Público, a través de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), por los presuntos delitos de fraude y lavado de activos dentro del caso denominado Pandora II, una investigación relacionada con el supuesto desvío y manejo irregular de recursos públicos destinados, presuntamente, al financiamiento de actividades políticas.
Con la admisión de la presentación voluntaria, la orden de captura quedó suspendida temporalmente, permitiendo que el exmandatario enfrente el inicio del proceso judicial sin ser detenido previamente.
Será durante la audiencia de declaración de imputado cuando un juez le comunique formalmente los cargos que le atribuye el Ministerio Público y determine las medidas que correspondan conforme a la ley.
El caso Pandora II forma parte de una serie de investigaciones por presuntos actos de corrupción derivados del expediente original conocido como Pandora.
Según la acusación fiscal, se investiga el supuesto desvío de más de 62 millones de lempiras provenientes de instituciones estatales hacia actividades de carácter político.
Juan Orlando Hernández fue extraditado a Estados Unidos el 21 de abril de 2022, luego de que la Corte Suprema de Justicia autorizara su entrega para enfrentar cargos por narcotráfico y uso de armas.
En marzo de 2024, un jurado federal de Nueva York lo declaró culpable de conspirar para introducir cocaína a territorio estadounidense y de utilizar armas para facilitar actividades de narcotráfico. Posteriormente, en junio de ese mismo año, fue condenado a 45 años de prisión, además del pago de una multa millonaria.
Sin embargo, en diciembre de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le concedió un indulto presidencial, decisión que permitió su liberación y posterior retorno a Honduras, donde ahora enfrenta nuevos procesos judiciales por presuntos delitos distintos a los que fueron juzgados en territorio estadounidense.
La audiencia fijada para el 3 de agosto marcará el inicio formal del proceso penal que enfrenta el exgobernante en Honduras, en uno de los casos de corrupción de mayor relevancia que actualmente conoce la justicia nacional.
