- ASJ denuncia que millones de lempiras se destinan a comida y alquiler de vehículos, mientras la investigación criminal recibe recursos limitados y el Ministerio Público queda fuera de la distribución de fondos.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
Apenas el 4 % de los recursos recaudados mediante la Tasa de Seguridad Poblacional se destina a investigación criminal, mientras una considerable cantidad de dinero se utiliza para financiar alimentación y alquiler de vehículos, reveló un análisis de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
De acuerdo con el informe, elaborado con base en los reportes de ejecución presupuestaria de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Honduras recaudó 5,882 millones de lempiras mediante esta contribución durante 2026. Sin embargo, la distribución de los recursos genera cuestionamientos sobre si realmente están cumpliendo con el propósito para el que fue creada.
El análisis señala que el gasto en alimentación alcanzó los 2,271 millones de lempiras en 2026, mientras que el alquiler de vehículos representó otros 722 millones. Ambos conceptos concentran más de la mitad de los recursos disponibles.
En contraste, la Dirección de Investigación e Inteligencia mantiene una asignación de apenas 215 millones de lempiras, la misma cantidad que recibió en 2025, pese al crecimiento de la recaudación.
Defensa aumenta su presupuesto y el MP queda sin fondos
Otro de los hallazgos señalados por ASJ es el incremento del 81 % en la asignación presupuestaria de la Secretaría de Defensa Nacional, que pasó de 742 millones de lempiras en 2025 a 1,344 millones en 2026.
Esta institución concentra cerca de la mitad de los recursos distribuidos durante el presente año, con aproximadamente 2,900 millones de lempiras asignados a la Secretaría de Seguridad y sus dependencias. También figuran el Instituto Nacional Penitenciario (INP), con 698 millones, y el pago de deuda pública, con 612 millones.
Sin embargo, el Ministerio Público, responsable de la persecución penal, aparece sin asignación dentro de la distribución de fondos de 2026, pese a que el artículo 32 de la Ley de Seguridad Poblacional lo contempla entre las instituciones beneficiarias del fideicomiso.
ASJ exige transparencia y rendición de cuentas
Para la organización, la distribución actual se aleja del propósito original de la normativa, que establece el fortalecimiento de los operadores de justicia para combatir las amenazas a la convivencia pacífica y garantizar la seguridad de las personas.
Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de ASJ, cuestionó que, 15 años después de su creación, la tasa continúe financiando alimentación y vehículos en lugar de fortalecer las capacidades de investigación y persecución del delito.
La organización también advirtió sobre la falta de actualización de la información pública relacionada con las compras del fideicomiso, cuya última actualización disponible corresponde al 8 de abril de 2022 y contiene registros únicamente hasta diciembre de 2021.
Ante estos hallazgos, ASJ exigió mayor transparencia y rendición de cuentas sobre el uso de los recursos, las contrataciones, las obligaciones financieras y los resultados alcanzados.
La organización considera que el incremento sostenido de la recaudación debe reflejarse en mejoras verificables en la prevención del delito, la investigación criminal y la reducción de la impunidad, y no limitarse a mantener gastos cuya contribución a la seguridad ciudadana debe ser explicada.
