• El presidente del Congreso Nacional plantea buscar terrenos y financiamiento para ampliar la infraestructura penitenciaria, además de analizar reformas legales inspiradas en la experiencia salvadoreña.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.–
La construcción de nuevos centros penitenciarios y módulos de máxima seguridad figura entre las propuestas que el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, plantea analizar para fortalecer el sistema carcelario hondureño, tras conocer el funcionamiento del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en El Salvador.
Durante la visita al complejo penitenciario salvadoreño, Zambrano advirtió sobre las limitaciones de la infraestructura carcelaria de Honduras y defendió la necesidad de ampliar la capacidad para albergar a privados de libertad, especialmente a integrantes de estructuras criminales.
“Se tiene que construir nuevos módulos de máxima seguridad o nuevos centros penales. Las instalaciones que tenemos de centros penales ya no dan abasto”, expresó el titular del Legislativo.
La delegación hondureña estuvo integrada por diputados de las comisiones de Seguridad y Prevención Ciudadana y de Defensa y Soberanía, así como por el director del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Walter Amador Lacayo.
Nuevas instalaciones y financiamiento en la agenda
Entre los puntos abordados durante el recorrido figura la búsqueda de terrenos y alternativas de financiamiento para desarrollar nuevos centros penitenciarios o ampliar los módulos de máxima seguridad existentes.
La comitiva conoció la organización de las instalaciones del CECOT, sus mecanismos de acceso restringido, los procedimientos de identificación y los controles establecidos para mantener la vigilancia de la población penitenciaria.
Zambrano también señaló que Honduras puede estudiar algunas de las medidas aplicadas en El Salvador, entre ellas las audiencias virtuales, las restricciones de comunicación para los reclusos y el fortalecimiento de los mecanismos de control dentro de las cárceles.
No obstante, el planteamiento supone evaluar cuáles de estas prácticas podrían adaptarse al marco legal y a las condiciones operativas del sistema penitenciario hondureño.
Reformas legales y control de las estructuras criminales
El presidente del Congreso Nacional también abrió la discusión sobre posibles modificaciones legales relacionadas con integrantes de pandillas y otras estructuras criminales.
Entre los temas mencionados figura el análisis de los tatuajes asociados a estos grupos dentro de futuras reformas, así como la revisión de las sanciones aplicables a menores de edad que cometen delitos graves.
Por su parte, el director del INP, Walter Amador Lacayo, destacó la importancia de reforzar la preparación del personal penitenciario y mejorar los controles tecnológicos y operativos para impedir el ingreso de teléfonos celulares y otros objetos prohibidos a los centros penales.
Mientras tanto, Marcos Paz, presidente de la Comisión de Seguridad y Prevención Ciudadana, manifestó que la delegación revisará la legislación salvadoreña para identificar medidas que puedan ser consideradas en Honduras.
“Nos vamos con mucho más trabajo para poder darle paz y tranquilidad a la población hondureña”, afirmó.
El reto de adaptar el modelo salvadoreño
Durante la visita, los funcionarios hondureños también conocieron aspectos relacionados con los servicios médicos y las condiciones operativas del CECOT.
Su director, Belarmino García, explicó los mecanismos de seguridad implementados para mantener el control de las instalaciones.
Zambrano sostuvo que las experiencias conocidas en El Salvador deben servir como referencia para estudiar alternativas que fortalezcan la seguridad penitenciaria en Honduras.
Sin embargo, la construcción de nuevas cárceles y módulos de máxima seguridad todavía requiere estudios, definición de terrenos, identificación de recursos y decisiones institucionales para determinar la viabilidad de los proyectos.
La visita al CECOT abre así una nueva discusión sobre el futuro del sistema penitenciario hondureño, en momentos en que el Legislativo plantea combinar la ampliación de la infraestructura carcelaria con posibles reformas legales y mayores controles sobre los privados de libertad.
