• La organización demanda fortalecer la prevención, la justicia especializada y las oportunidades educativas, y pide investigar a las estructuras criminales que reclutan y utilizan a menores para cometer delitos.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.–
La Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez (Coiproden) rechazó las propuestas orientadas a reducir la edad de responsabilidad penal y aumentar las penas contra niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley, al advertir que endurecer las sanciones no garantiza, por sí solo, una mayor seguridad ciudadana.
En un pronunciamiento público divulgado en las últimas horas, la organización expresó su preocupación por las iniciativas planteadas en el marco del debate sobre seguridad en Honduras, particularmente las relacionadas con las declaraciones del presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano.
Coiproden reconoció que la seguridad ciudadana es una prioridad para las familias hondureñas y que el Estado tiene la obligación de prevenir e investigar los delitos, proteger a las víctimas y garantizar el cumplimiento de la ley.
Sin embargo, sostuvo que las respuestas legislativas deben sustentarse en evidencia, análisis técnico y respeto a los derechos humanos.
La organización advirtió que reducir la edad de responsabilidad penal o incrementar los castigos no sustituye las políticas de prevención ni garantiza una disminución de la violencia, especialmente cuando no se atienden las condiciones sociales e institucionales que contribuyen a esta problemática.
La falta de oportunidades también preocupa
Como parte de sus argumentos, Coiproden citó datos de la política nacional de niñez según los cuales el 46 % de las razones reportadas para abandonar el tercer ciclo de educación básica corresponde a la falta de recursos económicos.
Para la organización, esta realidad evidencia la necesidad de fortalecer la protección social, ampliar las oportunidades educativas y atender los factores que aumentan la vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes frente a la violencia y el reclutamiento por parte de grupos criminales.
La red señaló que algunos menores que entran en conflicto con la ley también han enfrentado pobreza, exclusión educativa, violencia, abandono o falta de protección.
Aclaró que reconocer estas circunstancias no significa justificar los delitos ni desconocer los derechos de las víctimas, sino comprender el contexto para diseñar respuestas estatales responsables y especializadas.
En ese sentido, Coiproden cuestionó que, ante el temor y la indignación que genera la criminalidad, se planteen medidas centradas en el endurecimiento de las sanciones sin abordar de manera integral las causas que contribuyen a la violencia.
Exigen investigar a quienes reclutan a menores
Coiproden también instó a las autoridades a investigar tanto a los adolescentes que cometen delitos como a las estructuras criminales que los reclutan, explotan o utilizan para participar en actividades ilícitas.
La organización considera que perseguir a estas redes debe formar parte de una estrategia integral de seguridad, junto con el fortalecimiento de la justicia juvenil especializada, la prevención de la violencia y la generación de oportunidades educativas y sociales.
El pronunciamiento se produce en medio del debate sobre posibles reformas al sistema de justicia juvenil impulsadas como parte de las propuestas para reforzar la seguridad en Honduras.
Coiproden insiste en que la respuesta estatal debe combinar la aplicación de la ley y la protección de las víctimas con medidas preventivas que atiendan la vulnerabilidad de la niñez y la adolescencia, sin dejar de perseguir a quienes se aprovechan de ellas para cometer delitos.
