• Hugo Maldonado cuestiona los retrasos de la justicia y advierte que miles de privados de libertad desconocen su situación jurídica.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. —
La mora judicial mantiene a miles de privados de libertad a la espera de una respuesta sobre sus procesos penales, una situación que agrava la crisis del sistema penitenciario hondureño.
Así lo señaló el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), Hugo Maldonado, quien atribuyó parte de esta problemática a la indolencia del Poder Judicial.
«A nosotros no nos van a contar cuentos de Camino Real», manifestó Maldonado, al cuestionar que, pese a las visitas de profesionales del derecho a los centros penales, persisten graves dificultades relacionadas con el seguimiento de los expedientes y la situación jurídica de los reclusos.
A criterio del defensor de derechos humanos, las actuaciones de jueces, magistrados y otros operadores de justicia inciden en la realidad que atraviesa la población penitenciaria.
«El sistema penitenciario del país realmente es una triste realidad producto de ese Poder Judicial que tenemos», expresó.
Casi 10 mil privados de libertad esperan una respuesta
Maldonado indicó que Honduras tiene alrededor de 19,000 personas privadas de libertad y estimó que casi 10,000 permanecen a la espera de una resolución judicial, lo que representa cerca de la mitad de la población penitenciaria.
Explicó que entre estas personas hay procesados y sentenciados que aguardan decisiones, notificaciones de sus fallos o respuestas de los juzgados de ejecución sobre su situación legal.
El titular del CODEH advirtió que uno de los aspectos más preocupantes es que numerosos internos desconocen el estado de sus procesos y su condición jurídica.
«Lo que más hay en el sistema penitenciario son personas que no saben cuál es su condición jurídica, eso lo puedo garantizar porque nosotros pasamos adentro», afirmó.
Sus declaraciones vuelven a poner en discusión las consecuencias de la mora judicial, no solo para el funcionamiento de las cárceles, sino también para el acceso a la justicia y las garantías de las personas sometidas a procesos penales.
Cambios en el módulo de máxima seguridad de Támara
Durante sus declaraciones, Maldonado también se refirió a una reciente visita al centro penitenciario de Támara, donde constató cambios en la distribución de los internos en el módulo de máxima seguridad.
Según relató, en esa área hay más de 60 nuevos reclusos vinculados a la aplicación de una ley bajo la cual estarían siendo señalados como terroristas.
Añadió que las personas que anteriormente permanecían en ese módulo fueron trasladadas a otro espacio del centro penal.
Maldonado consideró que, debido a la capacidad disponible, en el área de máxima seguridad de Támara no podrán ingresar más de 1,000 personas.
El señalamiento se suma a sus cuestionamientos sobre las condiciones del sistema penitenciario y la necesidad de atender los problemas estructurales que afectan a la población reclusa.
La mora judicial, en el centro del debate
Para el presidente del CODEH, la crisis carcelaria no puede analizarse únicamente desde la seguridad y el control de los centros penales, sino también desde el funcionamiento de las instituciones responsables de impartir justicia.
La espera de miles de personas por una resolución judicial plantea interrogantes sobre los tiempos de respuesta de los tribunales y el seguimiento de los expedientes, especialmente en los casos de quienes permanecen recluidos sin conocer con claridad su situación jurídica.
Maldonado insistió en que los problemas del sistema penitenciario requieren atención más allá de los muros de las cárceles, con énfasis en la actuación de los operadores de justicia y en el respeto de los derechos de las personas privadas de libertad.
