- El juicio, que podría destapar uno de los mayores escándalos de corrupción tras el huracán Mitch, se reanudará el 14 de agosto en medio de un clima político tenso.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La audiencia inicial en el caso de alto perfil contra el diputado del Partido Nacional, Nelson Márquez, y otros seis imputados por el delito de fraude, fue suspendida por el Tribunal de Sentencia de Francisco Morazán. El proceso judicial se retomará el próximo jueves 14 de agosto a las 9:00 a.m.
Márquez, actual subjefe de la bancada de oposición y figura política influyente en Intibucá, enfrenta acusaciones en un expediente que ha captado la atención nacional a pocos meses de las elecciones generales del 30 de noviembre.
Origen de la acusación
La denuncia del Ministerio Público se remonta a las secuelas del huracán Mitch en el año 2000.
Según la investigación, el Estado hondureño, con fondos de cooperación internacional, otorgó un contrato a la empresa estadounidense DRC Inc. para ejecutar proyectos de reconstrucción.
La Fiscalía sostiene que esta compañía no contaba con autorización legal para operar en Honduras y que, de forma irregular, subcontrató a la firma nacional NAINSA.
En 2001, el cooperante internacional decidió cancelar el financiamiento debido a inconsistencias en el contrato.
Sin embargo, años más tarde, ambas empresas demandaron al Estado hondureño reclamando pagos millonarios, amparándose en un laudo arbitral que —según el Ministerio Público— nunca fue homologado por la Corte Suprema de Justicia, lo que lo dejaba sin validez jurídica.
El papel del diputado Márquez
El expediente ubica a Nelson Márquez en la etapa final del presunto fraude. En enero de 2020, cuando se desempeñaba como secretario de la extinta Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas), habría enviado un informe legal a la Procuraduría General de la República recomendando suscribir un acuerdo ejecutivo con las empresas demandantes para, supuestamente, evitar «una erogación mayor» al Estado.
Un mes después de esa recomendación, Sedecoas y NAINSA firmaron un convenio extrajudicial que estableció pagos millonarios fuera de los procesos judiciales aún en curso.
Para la Fiscalía, este acto fue el que consumó el drenaje de 3,084 millones de lempiras de las arcas públicas.
El caso no solo podría tener repercusiones legales para los implicados, sino también un fuerte impacto político en la antesala de las elecciones generales, en un país donde los escándalos de corrupción siguen marcando la agenda pública.
