- Una investigación sobre 40 expedientes detectó anomalías en procesos judiciales por más de L953 millones, incluido un caso con indicios de responsabilidad penal que ya fue remitido al Ministerio Público
TEGUCIGALPA, HONDURAS. —
El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) puso bajo la lupa la ejecución de embargos judiciales contra fondos de la Cuenta Única del Estado, tras detectar una serie de irregularidades en procesos tramitados por juzgados de Choluteca y Olancho que afectaron recursos públicos por más de 953 millones de lempiras.
Los hallazgos se desprenden de una Investigación Especial practicada a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2025.
En total, el equipo auditor revisó 40 expedientes relacionados con demandas contra municipalidades, cuyos embargos ascendieron a L953,687,095.39.
Exhortos falsos y más de L32 millones embargados
Uno de los hallazgos más delicados está contenido en el informe No. 002-2026-DGSD-CSJ-C, correspondiente a una investigación especial de carácter penal sobre 13 expedientes de demandas laborales contra la municipalidad de Choluteca.
De acuerdo con el TSC, mediante estos procesos se ejecutaron embargos por L32,545,791.88 contra fondos de la Cuenta Única del Estado.
La investigación estableció que los 13 exhortos judiciales utilizados para ejecutar los embargos carecían de respaldo documental. No contenían, entre otros elementos, los acuerdos conciliatorios ni los autos de ejecución de embargo que supuestamente sustentaban las actuaciones.
El caso tomó mayor gravedad debido a que el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán recibió, tramitó y ejecutó los exhortos sin que existiera evidencia de una confirmación documental, electrónica, institucional o telefónica con el Juzgado de Letras Seccional de Choluteca.
Según el informe, este último juzgado desconoció la emisión de los 13 exhortos, así como las firmas, sellos y actuaciones que se le atribuían.
Además, algunos números de expediente correspondían a procesos reales contra empresas privadas, mientras que en otro caso se detectó la alteración de las partes procesales y de la cuantía. Otros expedientes, señala el TSC, simplemente no existían en los libros de control ni en los sistemas electrónicos del juzgado.
El dinero terminó en una cuenta judicial
El TSC también verificó que, utilizando esos exhortos como base, se realizaron embargos sobre la Cuenta Única del Estado en el Banco Central de Honduras (BCH).
Los fondos fueron trasladados posteriormente a una cuenta del Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, desde donde se emitieron cheques de caja a favor del abogado que figuraba como apoderado legal de la supuesta parte demandante.
La auditoría identificó además la participación de diversas personas naturales, profesionales del derecho, funcionarios y servidores judiciales vinculados con la presentación, recepción, tramitación, ejecución y pago de los embargos investigados.
Ante los indicios de responsabilidad penal encontrados, el TSC notificó el informe al Ministerio Público, al considerar que corresponde a esa institución realizar las investigaciones y ejercer las acciones legales que determine la ley.
Otros 27 expedientes también presentan irregularidades
Los informes No. 002-2026-DGSD-CSJ-A y No. 002-2026-DGSD-CSJ-B corresponden a otros 27 expedientes, relacionados con demandas contra municipalidades de Olancho y Choluteca.
En estos casos, los embargos contra la Cuenta Única del Estado alcanzaron L921,141,303.51.
El TSC encontró que los juzgados de Letras Seccionales de Juticalpa y Choluteca no remitieron directamente a la Tesorería General de la República (TGR) los oficios o copias de las sentencias firmes antes de ejecutar materialmente los embargos.
Esta omisión habría incumplido el procedimiento especial establecido en las Disposiciones Generales del Presupuesto de 2024 y 2025, que contempla mecanismos para garantizar que las obligaciones judiciales del Estado se ajusten a la disponibilidad presupuestaria.
Riesgo para recursos destinados a servicios públicos
Según el TSC, la inobservancia de ese procedimiento generó un riesgo potencial de afectar recursos destinados a rubros protegidos, entre ellos el servicio de la deuda pública, los servicios personales y la operación de las municipalidades demandadas.
Por ello, el órgano contralor recomendó al Poder Judicial instruir a los órganos jurisdiccionales para que remitan de manera oportuna y directa a la TGR y a las instituciones demandadas las sentencias firmes contra entidades del sector público.
El objetivo es que los montos que deban pagarse mediante decisiones judiciales sean sometidos al procedimiento presupuestario correspondiente y se ajusten a la disponibilidad de recursos.
Con la notificación de estos tres informes, el TSC deja en manos del Ministerio Público la investigación de los hechos que podrían constituir delitos, mientras el Poder Judicial deberá adoptar medidas para evitar que nuevas ejecuciones de embargos comprometan recursos públicos al margen de los procedimientos establecidos.
