- El exfiscal general advierte que el modelo aprobado por el CNE permitiría fraudes si no se garantiza supervisión independiente; cuestiona además posible adjudicación a empresa señalada por corrupción internacional
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El exministro de Transparencia y exfiscal general de la República, Edmundo Orellana, lanzó duras críticas al nuevo esquema del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) aprobado recientemente por el Consejo Nacional Electoral (CNE), advirtiendo que la falta de auditorías podría abrir la puerta a un fraude electoral.
“Si no se prevé auditoría, se confirma que el sistema está construido para que el más astuto haga fraude. Sería una conspiración más contra la democracia hondureña”, afirmó Orellana a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter).
El exfiscal también cuestionó el diseño técnico del modelo que se implementaría en las elecciones generales de noviembre próximo. “Según el arreglo del CNE, el sistema validará las actas que se sumarán a los resultados, pero la empresa valida el sistema. Y si la empresa está cuestionada por sus nexos, ¿cómo se evitarán las filtraciones fraudulentas? ¿Habrá auditorías?”, escribió.
Las advertencias de Orellana coinciden con el creciente debate público en torno a la posible adjudicación del sistema TREP a la empresa Smartmatic, cuyo fundador fue acusado en Estados Unidos por presuntos sobornos y lavado de dinero vinculados al gobierno de Venezuela. Aunque la firma ha operado en más de 30 países, su historial incluye controversias en elecciones de alto riesgo político.
Orellana subrayó la urgencia de asegurar que el sistema encargado de validar los resultados no esté “expuesto a vulnerabilidades ni dependencias opacas”, haciendo eco de las preocupaciones de sectores técnicos y políticos que demandan transparencia total y veeduría independiente.
“La validación no puede quedar en manos de una empresa sin supervisión rigurosa, mucho menos si arrastra antecedentes delicados”, insistió.
En los últimos días, diversos actores de sociedad civil, partidos políticos y observadores nacionales han exigido que cualquier contrato con proveedores tecnológicos del sistema electoral sea acompañado por auditorías técnicas independientes, así como procesos de contratación abiertos al escrutinio nacional e internacional.
El inicio de la campaña está previsto para el 1 de septiembre, y la alerta de Orellana aumenta la presión sobre el CNE para aclarar los mecanismos de control y legitimidad antes de que el calendario avance y se ponga en juego la confianza en los comicios de 2025.
