- Julissa Villanueva advierte que las estadísticas policiales carecen de validación real y denuncia que muchos crímenes no se registran oficialmente, especialmente en zonas rurales del país.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, cuestionó este lunes las estadísticas oficiales que reportaron “cero homicidios” en el país, señalando que la seguridad ciudadana no debe utilizarse con fines políticos y que los datos divulgados por la Policía Nacional carecen de validación en tiempo real.
La funcionaria reaccionó en la red social X a un informe del Sistema Estadístico Policial (SEPOL), respaldado por el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, que destacó que en las últimas 24 horas no se produjeron muertes violentas, siendo la tercera vez en diez días que se reporta la misma situación.
“Como quisiera que fuera cierto. Intolerable que se politice un tema tan delicado. Las muertes violentas ocurren todos los días y deben ser incluidas todas aquellas causadas por fuerzas externas, que no son resultado de enfermedades o procesos naturales”, escribió Villanueva.
Desde su perspectiva médico-legal, afirmó que las muertes con manera homicida son más frecuentes de lo que la Policía reconoce. Explicó que, en muchos departamentos, como Olancho, Gracias a Dios, Intibucá, Ocotepeque, Copán, Santa Bárbara, Lempira, El Paraíso e Islas de la Bahía, las víctimas son levantadas por sus propias familias sin notificación a las autoridades, lo que deja fuera numerosos casos de los registros oficiales.
Villanueva manifestó su solidaridad con las familias que, al desconfiar del sistema de justicia, omiten el proceso legal y retiran los cuerpos de forma privada.
Indicó que esta práctica es común en casos de femicidios y muertes violentas de menores, lo que posteriormente obliga a la fiscalía a ordenar exhumaciones.
En ese sentido, preguntó si estas cifras están incluidas en las estadísticas oficiales y qué información relevante se obtiene de tales inspecciones.
También cuestionó que la Policía Nacional emita conclusiones “a priori” sin un análisis exhaustivo, recordando que, en el pasado, el Observatorio de la Violencia de la UNAH evitaba este tipo de prácticas para garantizar datos más precisos.
Finalmente, acusó al ministro Gustavo Sánchez de controlar las cifras desde que sustituyó al general Ramón Sabillón, con el objetivo de mostrar indicadores favorables que respalden el estado de excepción. “Urge una depuración policial”, sentenció.
