• Gabriela Castellanos cuestiona la falta de transparencia en el proceso y alerta que las decisiones finales podrían responder a negociaciones políticas
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, lanzó en las últimas horas una severa advertencia sobre el proceso de selección de funcionarios para ocupar cargos vacantes en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), asegurando que el mecanismo utilizado por el Congreso Nacional carece de objetividad, transparencia y garantías verificables.
A través de un video difundido en las redes sociales del CNA, Castellanos afirmó que el organismo ha mantenido una veeduría permanente durante las audiencias públicas desarrolladas por la comisión especial legislativa encargada del proceso.
Sin embargo, señaló que las observaciones realizadas evidencian múltiples debilidades en la metodología de evaluación aplicada a los postulantes.
“El proceso no cuenta con un mecanismo objetivo y verificable que permita explicar técnicamente por qué una persona resulta seleccionada sobre otra”, manifestó la titular del CNA.
Castellanos explicó que la herramienta de evaluación implementada por la comisión especial funciona bajo un esquema básico de “apto o no apto”, el cual, según indicó, únicamente sirve como un filtro mínimo y no como un sistema técnico de comparación entre candidatos.
Asimismo, cuestionó que el mecanismo no contemple asignación de puntuaciones, clasificación pública de méritos ni parámetros claros que permitan justificar las decisiones finales tomadas por los diputados.
“La evaluación no compara méritos, no asigna puntuaciones, no genera ranking público y deja un amplio margen de discrecionalidad en la etapa final de decisiones”, advirtió.
La directora del CNA también denunció que el proceso hondureño carece de matrices públicas de evaluación, puntuaciones comparativas y mecanismos formales de revisión o impugnación para quienes resulten excluidos de la nómina final.
No obstante, aclaró que estas observaciones no significan que las personas seleccionadas carezcan de capacidad o idoneidad para asumir los cargos.
“Esta debilidad no implica que las personas seleccionadas no tengan la capacidad o idoneidad, pero sí evidencia que el proceso carece de suficientes garantías de transparencia y trazabilidad”, sostuvo.
Castellanos alertó además que la ausencia de criterios claros y públicos incrementa la percepción ciudadana de que las decisiones finales podrían responder más a negociaciones políticas que a méritos profesionales o técnicos.
“Esto aumenta la percepción de que las decisiones finales responden a negociaciones políticas”, lamentó.
Ante este escenario, el CNA exigió a la comisión especial del Congreso Nacional publicar las rúbricas de evaluación utilizadas para calificar a los aspirantes que integrarán la nómina final.
De igual forma, pidió habilitar mecanismos de revisión para los postulantes que queden fuera del proceso, con el objetivo de fortalecer la transparencia y la credibilidad institucional en la elección de las nuevas autoridades electorales.
Las declaraciones de Castellanos surgen en un contexto de creciente tensión política y cuestionamientos de distintos sectores sobre la forma en que se están definiendo los nombramientos en órganos clave para el sistema democrático del país, especialmente de cara a futuros procesos electorales.
