- Clip muestra maquinaria estatal desfilando entre banderas rojinegras, en plena antesala electoral, desatando críticas por el uso de recursos públicos.
INTIBUCÁ, HONDURAS.
Lo que debía ser una simple caravana política terminó pareciendo un desfile de maquinaria estatal.
Este fin de semana, en plena movilización del partido Libertad y Refundación (Libre), los vecinos no sabían si estaban viendo una marcha partidaria o una exhibición de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT): entre banderas rojinegras aparecieron camiones revolvedores de concreto con los logotipos del Estado, circulando justo en medio del jolgorio político.
A través de un video que rápidamente inundó las redes sociales, se observa de todo: motos, carros, música, banderas… y los imponentes “mixers” oficiales, marchando al ritmo del “¡sí se puede!” partidario.
Las imágenes causaron indignación y burlas: “Ya no se sabe si están fundiendo concreto o fundiendo votos”, ironizó un vecino.
Según la versión oficial, los camiones se dirigían a culminar una obra de pavimentación contratada por el Estado, pero simpatizantes de Libre les habrían colocado las banderas del partido durante el trayecto. Sin embargo, la coincidencia resultó tan conveniente como sospechosa, alimentando las críticas por el uso de bienes públicos con fines proselitistas.
El secretario de la SIT, Octavio Pineda Paredes, intentó bajarle el tono al escándalo, afirmando que “las máquinas iban a fundir concreto” para la carretera Siguatepeque–La Esperanza.
Pero en redes no le compraron el discurso: “Sí, pero parece que también fundieron la línea entre lo público y lo político”, respondieron algunos usuarios.
La escena, a menos de dos meses de las elecciones generales, deja un sabor amargo.
Mientras el país enfrenta crisis por desempleo, inseguridad y deterioro de servicios básicos, el partido oficialista vuelve a ser señalado por mezclar la estructura estatal con su maquinaria electoral.
Críticos del gobierno recordaron que el uso de recursos públicos con fines políticos constituye una violación a la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, y exigieron al Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y al Consejo Nacional Electoral (CNE) abrir una investigación.
En Intibucá, donde las carreteras aún muestran los estragos de la falta de mantenimiento, la escena fue percibida como un exceso.
“Las obras públicas deben servir al pueblo, no a los partidos”, dijo un líder comunitario, molesto por lo que consideró un “abuso descarado del poder”.
A medida que avanza la campaña, la frontera entre el Estado y el partido gobernante parece difuminarse aún más.
En Libre —dicen los críticos— no solo pavimentan calles: también pavimentan su camino electoral con maquinaria del Estado.
