- El presidente de la CSJ considera que los cambios legales darán nuevas herramientas al Estado, aunque reconoce que algunas propuestas generaron diferencias por los compromisos internacionales del país.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.–
Las recientes reformas al Código Penal, al Código Procesal Penal y a la Ley del Sistema Penitenciario representan una oportunidad para fortalecer la lucha contra las estructuras criminales y terroristas en Honduras, afirmó el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Wagner Vallecillo.
El funcionario señaló que la aprobación de estas modificaciones por parte del Congreso Nacional permitirá reforzar las herramientas del Estado y abre la posibilidad de una mayor coordinación entre las instituciones encargadas de impartir justicia y combatir la delincuencia.
Vallecillo sostuvo que el objetivo es contribuir a que la población hondureña recupere la seguridad y la tranquilidad, en respuesta a las expectativas ciudadanas frente a la criminalidad que afecta al país.
No obstante, explicó que durante el proceso de consulta algunas de las propuestas coincidieron con los criterios de la Sala de lo Penal, mientras que otras generaron diferencias, principalmente por las obligaciones internacionales asumidas por Honduras mediante tratados y convenios que debían tomarse en consideración.
En ese sentido, indicó que el Poder Judicial remitió sus observaciones al Congreso Nacional para contribuir al análisis de las iniciativas antes de su discusión y aprobación en el pleno legislativo.
El titular de la CSJ también precisó que, una vez que las reformas entren en vigencia, los jueces deberán aplicar las nuevas disposiciones conforme a la ley, atendiendo los requerimientos del Ministerio Público y las investigaciones desarrolladas por los organismos competentes, entre ellos la Secretaría de Seguridad.
“Nos toca juzgar y ejecutar lo juzgado”, expresó Vallecillo al referirse a la responsabilidad que corresponde al Poder Judicial en la aplicación de las nuevas normas.
El presidente de la CSJ manifestó que la ciudadanía esperaba reformas de esta naturaleza para enfrentar la delincuencia.
Sin embargo, el reto estará en que los cambios legales se traduzcan en resultados concretos contra las estructuras criminales, sin dejar de garantizar el debido proceso y el respeto a los derechos fundamentales.
La efectividad de estas reformas se medirá, finalmente, por su aplicación en los tribunales y por su contribución a una justicia más eficaz y a una mayor seguridad para los hondureños.
