- La mayor parte del desembolso no fue para comprar automotores, sino para alquilarlos; una investigación periodística señala que la factura equivale a unos L2.8 millones diarios.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. —
El gasto del Gobierno en vehículos durante los primeros siete meses de la administración de Nasry Asfura vuelve a poner bajo la lupa el uso de los recursos públicos.
Una investigación publicada por el medio de comunicación ICN Digital señala que entre el 1 de febrero y el 31 de agosto de 2026 se destinaron L593,642,284.69 a alquiler y adquisición de camionetas, pick-ups y vehículos todoterreno.
De acuerdo con la investigación, el mayor peso del gasto no estuvo en la compra de unidades para patrimonio estatal, sino en el alquiler de vehículos, rubro que habría concentrado aproximadamente L558.9 millones durante el período analizado.
A esto se suman unos L34.7 millones destinados a la compra de 38 vehículos, según los datos citados por el medio.
Una millonaria factura para movilizar al Gobierno
La magnitud del desembolso adquiere mayor dimensión al llevarlo a cifras cotidianas. La investigación calcula que representa aproximadamente L2.8 millones diarios, equivalentes a unos L116,675 por hora, L1,945 por minuto y cerca de L32.41 por segundo.
El dato cobra relevancia porque, según el reporte, la administración de Asfura recibió una flota ampliada de vehículos proveniente del período gubernamental anterior, encabezado por Xiomara Castro.
El gobierno de Xiomara Castro dejó una flota ampliada con al menos 3,171 automotores comprados entre 2022 y 2025: 835 unidades durante su primer año, 591 camionetas y pick-ups en 2023 y otros 1,745 vehículos en 2024.
Solo en camionetas de lujo y automotores tipo pick-up, aquella administración gastó más de L1,473 millones entre 2022 y 2025.
Pese a esa disponibilidad, el Gobierno habría recurrido nuevamente a contratos de alquiler y a la adquisición de nuevas unidades para atender las necesidades de movilización de diferentes dependencias estatales.
La diferencia entre ambos rubros también resulta significativa: mientras la compra de 38 automotores representó alrededor de L34.7 millones, los alquileres superaron los L558 millones, es decir, constituyeron la parte ampliamente mayoritaria del gasto reportado.
El alquiler concentra el mayor desembolso
El caso plantea interrogantes sobre la planificación y administración de la flota vehicular estatal, particularmente respecto a la conveniencia financiera de mantener contratos de arrendamiento por montos elevados frente a la posibilidad de utilizar o ampliar el parque automotor propio.
No obstante, para determinar si estos gastos representan un uso ineficiente de los recursos públicos sería necesario revisar individualmente los contratos, instituciones beneficiarias, períodos de arrendamiento, precios por unidad, procesos de contratación y justificaciones administrativas.
La información coloca así el foco sobre una partida que, por su volumen, representa uno de los gastos relevantes reportados durante los primeros meses de la administración de Asfura.
El gasto bajo la lupa
La cifra total de L593.6 millones corresponde al período comprendido entre febrero y agosto, de acuerdo con la investigación periodística citada.
Los datos oficiales disponibles también muestran que durante 2026 distintas instituciones públicas han continuado realizando procesos relacionados con la adquisición de vehículos.
Por ejemplo, publicaciones en La Gaceta documentan autorizaciones y trámites vinculados con compras de automotores para entidades estatales.
El monto señalado abre ahora el debate sobre cuánto le está costando al Estado movilizar a sus funcionarios, especialmente cuando la mayor parte de la factura corresponde a vehículos alquilados y no a unidades que pasan a formar parte del patrimonio público.
Hasta ahora, el dato central corresponde a una investigación publicada y deberá contrastarse con los registros completos de contratación y ejecución presupuestaria de las instituciones involucradas para establecer el detalle de cada desembolso.
