• El presidente del Congreso anuncia que impulsará la derogación del decreto y exige al Ministerio Público investigar quién autorizó su publicación.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. —
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, calificó de «asombroso» que la Ley de Educación Integral para la Prevención del Embarazo Adolescente haya sido publicada en el diario oficial La Gaceta, pese a que, según explicó, contaba con un veto presidencial que no fue superado por el Legislativo.
El titular del Congreso sostuvo que la publicación podría constituir un ilícito penal, al considerar que el procedimiento constitucional para superar el veto no se cumplió. Según detalló, se necesitaban 86 votos para ratificar el decreto y, al no alcanzarse esa mayoría, el expediente debía quedar archivado, sin que procediera su publicación.
«Es asombroso, después de existir un veto, ya cuando iba a salir el gobierno de Libre, salió publicado en La Gaceta», manifestó Zambrano, quien insistió en que el caso va más allá de un simple error administrativo y debe ser investigado por las autoridades competentes.
Congreso busca derogar el decreto
Zambrano explicó que existen dos vías legales para dejar sin efecto la normativa: presentar un recurso de inconstitucionalidad ante los órganos correspondientes o impulsar su derogación desde el Congreso Nacional. Señaló que la primera opción podría tardar varios meses, mientras que la segunda permitiría actuar con mayor rapidez.
En ese sentido, anunció que promovería la derogación del decreto con el respaldo de organizaciones provida, con la intención de que la iniciativa fuera discutida y aprobada en el Legislativo y posteriormente remitida al Poder Ejecutivo para su sanción y publicación.
Piden investigar cómo llegó a La Gaceta
El presidente del Congreso enfatizó que una eventual derogación no debe cerrar la investigación sobre la publicación de la ley. Por el contrario, consideró necesario que el Ministerio Público determine quién remitió el decreto para su publicación, qué procedimiento se siguió y por qué apareció en el diario oficial pese al veto presidencial.
Zambrano evitó señalar directamente a una institución o funcionario como responsable y afirmó que sería irresponsable atribuir la acción al Ejecutivo o a la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG) sin que existan resultados de una investigación.
«Claramente hay un delito, reitero, y se tiene que investigar», concluyó el diputado, al insistir en que las autoridades deben esclarecer las circunstancias en que se publicó la normativa.
El caso abre un nuevo debate sobre el respeto al procedimiento legislativo, los efectos jurídicos del veto presidencial y las responsabilidades que podrían derivarse de una publicación oficial cuestionada por las autoridades del Congreso.
