TEGUCIGALPA, HONDURAS.
Ramón Barrios, diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), señaló que las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDEs) ya establecidas en el país podrán acogerse a regímenes existentes, tras el fallo de inconstitucionalidad la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Barrios acentuó que “las empresas seguirán operando siempre y cuando respeten la legislación hondureña”, y agregó que las pláticas con las compañías van por buen camino.
El congresista reiteró que “no debe haber ningún temor”, ya que el Ejecutivo está trabajando en la transición hacia los nuevos marcos regulatorios.
También indicó que este proceso no es responsabilidad del Congreso Nacional, sino del Poder Ejecutivo, y mostró su apoyo al fallo de la CSJ.
Asimismo, subrayó la necesidad de facilitar el ajuste de las empresas a las normativas vigentes para que continúen generando empleo e inversión en el país.
Por su parte, Hugo Noé Pino, vicepresidente del Congreso Nacional, celebró la decisión de la Corte Suprema, calificándola de “histórica”.
Noé Pino sostuvo que, aunque Honduras podría mantener las inversiones extranjeras, estas deberán operar bajo un nuevo esquema económico, distinto al de las ZEDEs.
En cuanto a los temores de algunos sectores opositores sobre posibles demandas internacionales contra el país, el vicepresidente del Congreso se mostró optimista. Consideró que el país encontrará “vías de diálogo” para que las inversiones continúen, pero bajo un marco legal acorde con la soberanía nacional.
“No creemos que Honduras enfrente demandas internacionales, ya que desde el principio se advirtió que las ZEDEs vulneraban principios fundamentales de la Constitución”, expresó Noé Pino.
El fallo de la Corte Suprema, emitido la semana pasada, anuló los decretos 236-2012 y 120-2013, que introdujeron las reformas constitucionales y la Ley Orgánica de las ZEDEs, respectivamente. La decisión se tomó por mayoría de votos, tras concluir que las ZEDEs violaban artículos “pétreos” de la Carta Magna.
Con esta sentencia, los decretos que daban sustento legal a las ZEDEs quedan derogados, lo que abre un nuevo escenario para las inversiones bajo un marco económico ajustado a la legislación vigente.
