TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El Ministerio Público ejecuta a nivel nacional la Operación Poseidón IV y como parte del accionar de la Fiscalía Especial Contra los Delitos Tributarios y Conexos se interpuso requerimiento fiscal en contra del exgerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), Melvin Remberto Maldonado Maldonado, por suponerlo responsable de violación de los deberes de los funcionarios.
Este caso tiene que ver con retenciones al Impuesto Sobre la Venta (ISV) que pagaban los abonados y que no fueron enteradas al Servicio de Administración de Rentas (SAR), causando un perjuicio a la administración pública por un monto superior a los 259 millones de lempiras (L.259,256,694.65).
A eso se suma el hecho que como responsable de HONDUTEL, el exgerente Maldonado Maldonado no enteró al SAR más de tres millones de lempiras (L.3,400,609.76) por concepto de retención de la fuente o Impuesto Sobre la Renta (ISR) y finalmente otros 1.5 millones de lempiras (L.1,501,400.02) a razón de retenciones por ventas del Estado.
En total, más de 263 millones de lempiras (L.263,762,704.43) dejó de percibir la hacienda pública entre los años 2019 y 2021 por las actuaciones punibles del extitular de HONDUTEL, Melvin Remberto Maldonado Maldonado.
De su lado, la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) presentó requerimiento fiscal en contra de la exrepresentante del Poder Ejecutivo en el Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles e Inhumanos o Degradantes (MNP-CONAPREV), Jessica María Abufele Luque, por suponerla responsable de los delitos de malversación por aplicación oficial diferente y violación a los deberes de los funcionarios.
De acuerdo a las diligencias de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), la acusada, quien se desempeñó en el cargo hasta marzo de 2022, solicitó y recibió de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) un apartamento en el edificio “Condominios Malibú” situado en la colonia San Ignacio de Tegucigalpa, bien inmueble asegurado por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la ATIC en el marco de la Operación Apolo en 2018, al que la exfuncionaria le dio un uso para beneficio personal (domicilio privado).
Por su parte, FESCCO y la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) interpusieron nuevas acciones penales por el delito de extorsión, dando así continuidad a la Operación Maya que la semana pasada desarticuló la banda “Mafia” que se agenció de 10 millones de lempiras por el cobro de “impuesto de guerra”.
También, la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural (FEP-ETNIASPC) presentó causa por la alteración de inmuebles del patrimonio cultural en el centro histórico de Yuscarán, El Paraíso, al tiempo que se verifican denuncias y se harán inspecciones por concesiones en territorios indígenas junto a la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA); y se pretende cumplir capturas por delitos contra la vida e integridad física de miembros de los pueblos lencas, pech y maya chortí.
En Poseidón IV, la Fiscalía Especial de Protección a la Mujer (FEP-MUJER) interpuso 20 acusaciones por violencia de género. En tanto, casos de microtráfico de drogas, secuestros, robos, violaciones, agresiones sexuales, porte de ilegal, corte ilegal de producto forestal, figuran entre las acciones penales promovidas por el Ministerio Público en todo el país, esta vez, bajo la coordinación nacional de la Fiscalía Regional del Bajo Aguán.
