FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS.
De acuerdo con declaraciones del abogado penalista, Félix Ávila, un Fiscal General, quien sea, no debe de amenazar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con investigaciones.
Además, debe respetar la independencia de los jueces, porque su obligación es fortalecer la investigación y vencer en juicio, añadió.
Asimismo, puntualizó que, las presiones que se dan a cualquier poder del Estado deben de hacerse con mucho cuidado y tratar de ser ponderado en sus declaraciones porque no se debe de olvidar que el Poder Judicial es independiente.
Destacó que, el Ministerio Público (MP) es un órgano que depende de los intereses de la sociedad, es un órgano importante pero no puede hacer amenazas a ningún juez para que falle en determinado sentido.
Subrayó que, los poderes del Estado deben de respetarse, “hablar que están en la mira dos magistrados independientemente de quien lo diga debe de realizarse con mucho cuidado porque aquí debe de respetarse la independencia de los jueces”.
Especificó que, en Honduras por mucho tiempo han dicho que los juicios son manejados por los políticos, el artículo 7 del Código Procesal Penal manda a que cuando un juez o magistrado se encuentra amenazado en sus funciones debe denunciar el mismo al Ministerio Público, pero las amenazas vienen de la Fiscalía que se puede hacer.
A la vez, insistió que, “la independencia de los jueces se debe de respetar, un juez no se debe de sentir amedrentado debe de denunciar ante el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh)”.
Dijo que, a un magistrado se le debe de hacer un juicio político si se le comprueba que ha cometido un delito, pero solo por el simple hecho de no estar conforme con su independencia no se puede y es inadmisible en Derecho.
El MP debe de demostrar con pruebas científicas para vencer en los juicios, recalcó.
Cabe señalar que, las declaraciones de Ávila surgen luego de las amenazas que realizó el Fiscal General, Johel Zelaya, referente a que hay dos magistrados que están siendo investigados, tras cuestionar decisiones realizadas por jueces en el caso contra los generales en condición de retiro que recibieron arresto domiciliario en el proceso judicial que enfrenta por el homicidio de Isy Obed Murillo en 2009.
