• Exgerentes y exfuncionarios señalados por presunta malversación imprudente evitaron la prisión preventiva mientras avanza el caso ligado a la “Barbie Fiscal”; la investigación aún mantiene prófugos y una orden de captura pendiente.
SAN PEDRO SULA, HONDURAS. –
Ocho exfuncionarios del Banco Central de Honduras (BCH) enfrentarán en libertad el proceso judicial por su presunta participación en el desfalco de 88.6 millones de lempiras, luego que un juez les dictara medidas distintas a la prisión preventiva durante su comparecencia este jueves ante los tribunales.
Los imputados, acusados por el Ministerio Público por el delito de malversación imprudente, deberán permanecer a disposición de la justicia y tienen prohibido salir del país mientras continúan las investigaciones relacionadas con el caso que involucra a la exfiscal Francia Medina, conocida como la “Barbie Fiscal”.
Según las pesquisas, los acusados formaban parte de la sucursal del BCH en San Pedro Sula y habrían incurrido en irregularidades que facilitaron la pérdida millonaria de recursos estatales.
Entre los señalados figuran exgerentes, exjefes de operaciones y otros funcionarios que tenían responsabilidades directas en el manejo y control de fondos dentro de la institución.
El juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional, resolvió imponer la medida cautelar distinta a la detención judicial, y les aplicó las medidas cautelares de la presentación periódica, no salir del país y la caución o fianza a Edgardo Antonio Álvarez Molina, Horacio Armando Laínez Pineda, Carlos Fernando Ávila Hernández, Ana Cristina Oliva Cáceres, Williams Antonio Villalobos Gálvez, Alex Geovani Caballero Altamirano, Wilmer Edgardo Arévalo Rodríguez y Marco Tulio Nájera, al suponerlos responsables del delito de malversación imprudente en perjuicio de la administración pública del Estado de Honduras, detalló.
El portavoz del Poder Judicial en San Pedro Sula, Ruy Barahona, informó que agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) ejecutaron operativos simultáneos en Tegucigalpa, San Pedro Sula y Choluteca para hacer efectivas varias órdenes de captura contra personas presuntamente vinculadas al caso.
No obstante, las autoridades confirmaron que aún existe una orden de captura pendiente contra Arlen Fernando Cerrato y que otros implicados continúan prófugos. Debido a la reserva de la investigación, el Ministerio Público evitó brindar detalles sobre posibles nuevos requerimientos.
La Audiencia Inicial fue programada para el próximo 18 de junio a las 9:30 de la mañana, cuando se conocerán nuevos elementos del proceso.
El caso ha vuelto a poner bajo cuestionamiento los mecanismos de control interno del Banco Central de Honduras, ya que la pérdida de más de 88 millones de lempiras revela posibles fallas de supervisión y una cadena de negligencias que habrían permitido que las irregularidades pasaran inadvertidas durante años dentro de una de las instituciones financieras más importantes del Estado.
