- Organizaciones advierten que la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes es una emergencia que requiere una respuesta estatal inmediata
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El Comité Interorganizacional contra el Abuso Sexual Infantil hizo un llamado urgente al Congreso Nacional para acelerar el dictamen y aprobación de la Ley para la Prevención, Detección Temprana y Atención Integral del Abuso Sexual en contra de Niñas, Niños y Adolescentes (Ley CASI), al considerar que la violencia sexual contra menores constituye una emergencia que no puede seguir esperando.
Las organizaciones señalaron que el abuso sexual infantil representa una grave violación de los derechos humanos y puede generar consecuencias profundas en el desarrollo integral de las víctimas, con efectos que pueden extenderse hasta su vida adulta.
De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes de 2017, citados por el comité, se estima que 57 niñas sufren violencia sexual cada día en Honduras. A esta situación se suma que, durante los últimos cinco años, se habría registrado apenas una denuncia por abuso sexual cada 3.2 horas.
El panorama se vuelve aún más preocupante debido a que siete de cada 10 casos ocurren dentro del entorno familiar, lo que incrementa el riesgo de que las agresiones se prolonguen durante años y dificulta que las víctimas puedan denunciar a sus agresores.
Ante esta realidad, el Comité Interorganizacional consideró que las cifras demuestran que el marco normativo vigente y los esfuerzos institucionales no han sido suficientes para garantizar una protección efectiva de la niñez y adolescencia frente a la violencia sexual.
Las organizaciones sostienen que Honduras necesita un marco legal que fortalezca la prevención, detección temprana y atención integral de estos casos, así como responsabilidades claras para que las instituciones estatales actúen de manera coordinada.
También advirtieron que cualquier nueva legislación debe estar respaldada por recursos económicos suficientes. En ese sentido, señalaron que, si el presupuesto público no refleja la gravedad de la problemática, la protección de niñas, niños y adolescentes difícilmente podrá considerarse una verdadera prioridad de la agenda gubernamental.
El comité reconoció la presentación del anteproyecto de la Ley CASI, impulsado por la diputada Alejandra Vallecillo, presidenta de la Comisión de Familia, Niñez, Juventud y Adulto Mayor del Congreso Nacional, iniciativa cuyo proceso de construcción ha sido acompañado por las organizaciones.
Como parte de sus exigencias, solicitaron al Poder Judicial, Tribunal Superior de Cuentas y Secretaría de Finanzas emitir con prontitud las opiniones requeridas por el Congreso Nacional sobre la iniciativa, con el objetivo de evitar nuevos retrasos en el proceso legislativo.
Asimismo, demandaron al Congreso Nacional dictaminar y aprobar con carácter urgente la Ley CASI, en correspondencia con la magnitud y gravedad de la violencia sexual contra menores en el país.
A la Secretaría de Finanzas le pidieron garantizar los recursos necesarios para que la normativa pueda implementarse una vez aprobada, mientras que al resto de las instituciones estatales, especialmente a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, le exigieron asumir con responsabilidad la aplicación de la ley.
El Comité Interorganizacional reafirmó finalmente su compromiso de continuar impulsando acciones para que niñas, niños y adolescentes puedan crecer en entornos protectores y libres de violencia sexual, con instituciones capaces de prevenir las agresiones, detectar los casos oportunamente y brindar atención integral a las víctimas.
