- La ASJ advierte que decenas de menores son víctimas de violencia sexual y homicidios, mientras la impunidad y la falta de coordinación institucional agravan una crisis que permanece en gran parte oculta.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
La violencia contra niños, niñas y adolescentes continúa siendo uno de los principales desafíos de seguridad y justicia en Honduras, pese a las reducciones registradas en algunos indicadores de criminalidad, advirtió Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
El representante de la organización señaló que uno de los mayores problemas continúa siendo la impunidad, especialmente frente a delitos que afectan a menores de edad, quienes permanecen expuestos a distintas formas de violencia, entre ellas el abuso sexual, el reclutamiento por estructuras criminales, el bullying y los homicidios.
Una violencia que permanece oculta
Castañeda citó datos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), según los cuales Medicina Forense realiza diariamente alrededor de cinco evaluaciones médico-legales relacionadas con delitos sexuales contra menores, con una mayoría de víctimas niñas.
Sin embargo, detrás de las denuncias existe una realidad todavía más preocupante: la denominada “cifra oscura” de los delitos que nunca llegan a conocimiento de las autoridades.
De acuerdo con las estimaciones expuestas por Castañeda, aproximadamente dos de cada tres mujeres que sufrieron violencia sexual durante su niñez nunca revelaron lo ocurrido a otra persona, situación relacionada, entre otros factores, con la falta de educación y sensibilización dentro de las familias y la percepción de que no existe una respuesta estatal efectiva.
A partir de los datos disponibles, el director de Seguridad y Justicia de la ASJ estimó que Honduras podría estar enfrentando alrededor de 1,208 casos de abuso sexual infantil al año, equivalentes a unos 57 casos diarios.
“Los niños y niñas siguen sufriendo a diario y las instituciones no están respondiendo”, cuestionó.
Castañeda criticó que algunas instituciones estatales continúen concentrando esfuerzos en asuntos administrativos, como contratación o despido de personal, mientras problemas de mayor gravedad para la población infantil requieren atención urgente.
Reconocen avances, pero piden más respuesta
Pese al panorama, Castañeda reconoció avances en algunas instituciones del sistema de justicia y una mayor apertura hacia las organizaciones de la sociedad civil.
También destacó esfuerzos de la Secretaría de Seguridad en prevención e investigación, así como el fortalecimiento de la Fiscalía de Protección a la Niñez y Adolescencia del Ministerio Público.
Entre los avances mencionó además la reconstrucción y habilitación de nuevas Cámaras Gesell, herramientas destinadas a facilitar que niños y niñas víctimas de abuso puedan brindar su testimonio en condiciones que reduzcan el riesgo de revictimización.
Asimismo, resaltó los esfuerzos del Poder Judicial para establecer circuitos especializados y brindar una atención más integral a los menores.
No obstante, advirtió que persisten instituciones que no comprenden plenamente su responsabilidad frente a la violencia contra la niñez y que la falta de coordinación entre las entidades continúa siendo una de las principales debilidades del sistema.
Por ello, consideró necesario que desde la Presidencia de la República se giren instrucciones claras para que las distintas instituciones actúen de manera conjunta.
Pandillas y violencia también amenazan a los menores
El abuso sexual no es el único riesgo. Castañeda alertó también sobre el reclutamiento de niños y adolescentes por parte de maras y pandillas, además de la violencia que se genera en los centros educativos.
Según explicó, las estructuras criminales representan una doble amenaza: por un lado, buscan incorporar a menores a sus actividades y, por otro, están vinculadas a una parte importante de los homicidios que afectan a este grupo de la población.
Entre enero y junio de este año, indicó, se contabilizaron 74 muertes violentas de menores de 18 años, con una mayor afectación entre adolescentes de 16 y 17 años.
El dato vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad de los adolescentes frente a las estructuras criminales y otras expresiones de violencia.
Una emergencia que exige respuesta integral
Ante este panorama, Castañeda insistió en que el Estado debe fortalecer las acciones de prevención, protección, investigación y persecución penal, pero, sobre todo, mejorar la coordinación entre las instituciones responsables de atender a la niñez.
La advertencia de la ASJ llega en un contexto en el que la violencia contra los menores continúa adoptando múltiples formas y una parte importante de los casos permanece fuera de las estadísticas oficiales.
El desafío, concluyó, no pasa únicamente por reducir los delitos, sino por garantizar que cada niño, niña y adolescente víctima de violencia encuentre protección, justicia y una respuesta efectiva por parte del Estado.
