- Nelson Castañeda respalda las medidas contra las estructuras criminales, pero advierte que la seguridad debe combinar control penitenciario, investigación financiera y prevención para evitar abusos y consecuencias jurídicas.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
Honduras enfrenta el desafío de recuperar el control territorial y penitenciario frente a las maras, pandillas y otras estructuras criminales, pero las nuevas medidas de seguridad deben aplicarse bajo el respeto al Estado de derecho, advirtió Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
El representante de la organización señaló que diversas comunidades continúan siendo afectadas por extorsiones, desplazamientos y violencia, mientras algunos centros penitenciarios siguen representando un riesgo por su posible utilización como centros de operaciones criminales.
Castañeda respaldó las disposiciones encaminadas a recuperar el control de las cárceles y limitar las comunicaciones desde los centros penitenciarios.
Sin embargo, subrayó que no basta con capturar a los integrantes de las organizaciones criminales si el sistema penitenciario carece de las capacidades necesarias para mantenerlos bajo control efectivo.
Protección judicial y combate al dinero del crimen
Entre las prioridades planteadas por el director de Seguridad y Justicia de la ASJ figura la protección de los jueces que participan en procesos contra miembros de estructuras criminales, así como el fortalecimiento de las investigaciones financieras y el congelamiento de activos vinculados a actividades ilícitas.
Castañeda cuestionó las dificultades que ha enfrentado Honduras para avanzar en la lucha contra el lavado de activos, pese a las recomendaciones internacionales existentes, y destacó la importancia de mejorar las herramientas de investigación para perseguir las estructuras criminales más allá de sus integrantes operativos.
A su criterio, una estrategia efectiva debe incluir la coordinación entre las instituciones de seguridad, justicia y defensa, con mecanismos que permitan investigar, judicializar y sancionar los delitos de manera eficiente.
Prevención y recuperación de comunidades
El representante de la ASJ insistió en que las acciones de seguridad no deben limitarse a la respuesta policial o militar.
También consideró necesario implementar programas de prevención para evitar que niños y adolescentes sean reclutados por grupos criminales, así como restablecer los servicios públicos en las comunidades afectadas por la violencia.
«No solo mano dura», planteó Castañeda, al defender una estrategia que combine el combate directo al crimen con la prevención, la recuperación territorial y el fortalecimiento de las instituciones.
Su planteamiento apunta a que el Estado no solamente desarticule las estructuras criminales, sino que también recupere las condiciones sociales e institucionales que permitan a las comunidades vivir con mayor seguridad.
Alerta por posibles riesgos al Estado de derecho
Castañeda expresó preocupación por determinadas disposiciones que, según señaló, podrían generar cuestionamientos en materia de derechos humanos y Estado de derecho.
Advirtió que algunas medidas, si no cuentan con una regulación adecuada, podrían exponer al país a consecuencias jurídicas y sanciones.
En ese contexto, hizo un llamado al Congreso Nacional y al Poder Ejecutivo para que incorporen las recomendaciones de las organizaciones de la sociedad civil durante la discusión y aplicación de las nuevas medidas de seguridad.
El director de Seguridad y Justicia de la ASJ sostuvo que el desafío consiste en fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar a las organizaciones criminales sin debilitar las garantías institucionales, de manera que las acciones contra el delito produzcan resultados efectivos y sostenibles.
El debate sobre la seguridad en Honduras se centra ahora en cómo recuperar el control de los territorios y las cárceles, fortalecer la persecución penal y garantizar que las medidas adoptadas se ajusten al marco jurídico.
