TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), en equipo con la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), obtuvo un auto de apertura a juicio en la causa instruida a Juan Ramón Matta Waldurraga por suponerlo responsable del delito de lavado de activos agravado.
Como se recordará, este caso está relacionado con la Operación Terremoto que se ejecutó en 2017 y entre las acciones se realizaron 14 allanamientos a viviendas ubicadas en Tegucigalpa y Cedros en Francisco Morazán, Danlí en El Paraíso y en Lepaguare y San Esteban en Olancho.
Igualmente, se procedió en aquel momento a la inscripción de la medida de aseguramiento sobre 22 sociedades mercantiles y 49 asientos en los cuales se encuentran inscritos bienes inmuebles ubicados en los departamentos de Francisco Morazán, Cortés y Olancho.
Las indagaciones mostraron la existencia de un grupo organizado de personas que durante un periodo de tiempo procedieron a realizar adquisiciones e inversiones con el fin de convertir y ocultar activos cuya procedencia no tiene justificación económica.
Dichas actuaciones se efectuaron a través de traspasos a título oneroso y gratuito de bienes inmuebles, créditos hipotecarios y traspasos de acciones de sociedades, entre otras.
En ese sentido, los acusados de lavado de dinero fueron: Juan Ramón Matta Waldurraga, Asdrubal Humberto Mejía Sobalvarro, Eduardo Rodríguez Bustamante, Johnny Alxis Galeas Galeas, Josué Natanael Borjas Guifarro, Ada Edelmira Borjas Guifarro, Asdrubal Humberto Mejía Sobalvarro y Raquel Tatiana Núñez Pagoaga.
Varias de estas personas ya fueron condenadas, al tiempo que sobre muchos de los bienes asegurados el 17 de junio de 2017 existen sentencias de comiso definitivas emitidas por el juzgado de privación del dominio de bienes de origen ilícito.
En el caso de Matta Waldurraga, quien a inicios de octubre de 2022 fue extraditado de Colombia y ya fue condenado por una Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, por conspiración y nexos con el crimen organizado, su audiencia preliminar se ventiló ante un juez con jurisdicción nacional del Fuerte Cabañas.
