• El Ministerio Público acusa a José Octavio Godoy Urbina de integrar una red que habría desviado más de 143 millones de lempiras mediante empresas de maletín y contratos simulados.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
Un juez natural designado dictó auto de formal procesamiento contra el exfuncionario de Casa Presidencial José Octavio Godoy Urbina, señalado por el Ministerio Público de participar en un presunto esquema de corrupción ligado al denominado caso Helios.
El imputado enfrenta acusaciones por el delito de fraude, luego de que las investigaciones fiscales lo vincularan con una estructura que habría operado desde Casa Presidencial en conjunto con empleados del Instituto de la Propiedad (IP) y particulares para desviar millonarios fondos públicos.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, la red presuntamente creó empresas de maletín utilizadas para simular contratos en el área de comunicaciones, mecanismo mediante el cual se gestionó la emisión de alrededor de 144 cheques desde Casa Presidencial.
Las autoridades sostienen que, a través de estas operaciones, se habría permitido el desvío de aproximadamente 143 millones de lempiras, fondos que presuntamente fueron retirados en efectivo por los implicados y posteriormente fragmentados en depósitos a nombre de terceros, sin ninguna justificación comercial.
El expediente judicial también involucra a Harvis Edulfo Herrera Carballo y Óscar Alberto López Escalante, quienes enfrentan acusaciones que van desde fraude hasta lavado de activos.
Según las investigaciones, el esquema habría operado utilizando documentación y movimientos financieros irregulares para aparentar legalidad en contrataciones y pagos realizados con recursos estatales.
El caso Helios forma parte de una serie de expedientes impulsados por el Ministerio Público relacionados con presuntos actos de corrupción y manejo irregular de fondos públicos dentro de instituciones del Estado.
Con el auto de formal procesamiento, el proceso judicial avanza a una nueva etapa en la que se continuará evacuando pruebas para determinar la responsabilidad penal de los acusados.
