- El diputado critica que el Gobierno adjudicara más de 65 millones de dólares a la misma empresa alemana que obtuvo el contrato durante la administración de Juan Orlando Hernández y cuya gestión estuvo marcada por retrasos y cuestionamientos.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El diputado Carlos Umaña cuestionó la decisión del Gobierno de adjudicar nuevamente a la empresa alemana Tönnjes Card Latinoamérica S.A. el contrato para la fabricación y suministro de las nuevas placas vehiculares inteligentes, por un monto superior a los 65 millones de dólares (alrededor de 1,700 millones de lempiras), al considerar que se trata del mismo proveedor que estuvo a cargo del proyecto durante la administración del expresidente Juan Orlando Hernández.
El congresista expresó sus dudas sobre la transparencia del proceso y criticó el elevado costo del contrato, asegurando que existen elementos que generan sospechas.
“El costo de cada placa es estratosférico. Lo sorprendente es que el contrato se lo adjudican a la misma empresa. Volvemos a lo mismo. Me parece que hay gato encerrado y no me huele bien este proyecto”, manifestó Umaña.
La empresa Tönnjes Card Latinoamérica, filial del consorcio alemán Tönnjes International Group, fue la encargada del proyecto de replaqueo vehicular impulsado durante el gobierno de Juan Orlando Hernández, cuando el Instituto de la Propiedad (IP) era presidido por el entonces ministro de la Presidencia, Ebal Díaz.
En 2014, la compañía obtuvo el contrato para suministrar las placas vehiculares del país y posteriormente volvió a participar en procesos de contratación relacionados con este servicio.
Aquel proyecto enfrentó múltiples críticas debido a retrasos en la entrega de las placas, problemas en la ejecución y constantes denuncias por la falta de matrículas, situación que años después derivó en el uso masivo de permisos provisionales de papel para miles de vehículos que circulan en el país.
Pese a esos antecedentes, el Gobierno adjudicó nuevamente el contrato al mismo consorcio alemán para fabricar 2.9 millones de placas inteligentes, las cuales incorporarán tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID), autenticación digital y otros mecanismos de seguridad con el objetivo de abastecer el parque vehicular hondureño hasta el año 2030.
Las autoridades sostienen que el proyecto permitirá poner fin a la mora acumulada de casi un millón de vehículos que aún circulan sin placas metálicas.
Sin embargo, para Umaña la decisión representa un retroceso y reabre interrogantes sobre la transparencia de la contratación, especialmente porque el contrato vuelve a recaer en una empresa vinculada a un proyecto que durante la administración anterior fue objeto de fuertes cuestionamientos.
El legislador instó a que el proceso sea revisado y que las autoridades expliquen con detalle los criterios técnicos y financieros que justificaron la adjudicación, así como el costo final que asumirán los hondureños por cada placa inteligente.
