Wednesday, Oct 23, 2019

(Por Edmundo Orellana) Debe renunciar. Después de esa sentencia, en la que un jurado decidió la culpabilidad del hermano, no puede justificar su permanencia en el cargo.

El jurado, integrado por ciudadanos, decidió la culpabilidad. Para su familia es causa de dolor y, todos, sin excepción, debemos respetar su sentimiento. Nada justifica regodearse del mal ajeno ni hacer escarnio del que sufre.

Esa decisión del jurado, sin embargo, tiene otra connotación. Se aceptan los hechos relacionados y los testimonios ofrecidos en juicio, como pruebas irrefutables. Y entre estas se destaca la aceptación de que el sistema estatal hondureño se puso al servicio del crimen organizado y los señalamientos contra el gobernante como coconspirador en operaciones para introducir droga en USA.

En otras palabras, es una declaración del pueblo estadounidense por la que se califica un gobierno de un país amigo y a su gobernante. Esta declaración presidirá las relaciones entre nuestro país y Estados Unidos. Es un caso inédito en la historia de las relaciones diplomáticas. ¿Cómo se lidiará con esto en esas relaciones?

Ya tenemos la primera reacción de algunos miembros del Congreso estadounidense exigiendo que Trump suspenda su apoyo en algunas áreas al gobierno hondureño. En adelante, habrá, seguramente, más protestas y más exigencias; mientras tanto, la primera baja, seguramente, será el apoyo financiero que recientemente anunció Trump para el Triángulo Norte.

Nada podrá justificar, entonces, que se ignore esa declaración del jurado, en el desarrollo de las relaciones entre ambos países, mientras el gobernante continúe en el poder. Lo que augura malos presagios en esa relación, con el consiguiente perjuicio para el pueblo hondureño, sin excluir, desde luego, a los empresarios que exportan sus productos hacia ese país.

En las relaciones bilaterales y regionales, seguramente, incidirá esa declaración afectando la fluidez y la consistencia de la cooperación hacia nuestro país. En Centroamérica, por ejemplo, ofrece a Bukele argumentos suficientes para insistir en sus calificativos al gobernante, y animará, probablemente, a otros estadistas, si bien, no necesariamente, a ser tan explícitos, al menos a ser precavidos en sus acercamientos.

En la lucha contra el crimen organizado, especialmente narcotráfico y lavado de activos, a ningún país del mundo inspirará confianza este gobierno. Porque la percepción en el mundo es que en Honduras hay un narcogobierno, sustentada por esa declaración del jurado, que, a su vez, se apoya en hechos, para la justicia federal gringa, incontrovertibles y que su vigencia se proyecta hacia los juicios que en el futuro se inicien contra las autoridades mencionadas en el mismo.

Para nadie es un secreto que las organizaciones del crimen organizado sufrieron una restructuración con la entrega de los capos a las autoridades gringas. Ahora, son más y más horizontales. “Los Cachiros”, “Los Ardón”, “Los Valle” y todos los demás clanes familiares están en proceso de ser sustituidos por sus lugartenientes o por otros, de la misma organización o de otras organizaciones, por mareros o por extranjeros. Ya no los une la sangre, sino la ambición, con las consecuencias que de esto se deriva.

Nos encontramos, entonces, en una situación más confusa que la controlada por los capos históricos, porque no sabemos quiénes son los nuevos capos ya que no tienen aún la importancia de aquellos y, por ello, pueden mimetizarse en el ambiente criminal. Por otra parte, habrá que preguntarse cuánto afecta este fenómeno en la extensión de la percepción que se genera en la declaración del jurado, que no podrá eludirse en ninguna circunstancia ni momento.

La oposición puede perder el control de la protesta, porque ha perdido credibilidad con esas negociaciones para integrar los órganos electorales, crear un fondo para asignar subsidios a los diputados y el reconocimiento inconstitucional de la inmunidad parlamentaria, con las que ayuda a la estabilidad del régimen. La reacción popular, en consecuencia, puede desbordar a la oposición, creando situaciones de inestabilidad de imprevisibles consecuencias.

En conclusión, el país, que ya estaba sumido en una crisis sin precedentes, no podrá soportar las consecuencias que se deriven de esa declaración del jurado, mientras se mantenga en el poder el gobernante.

Por la salud de la República y si aún alberga amor por su patria, aunque sea un poquito, debe renunciar, lo que debemos exigir con firmeza, diciendo con fuerza: ¡BASTA YA!

Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?

 

(Por Víctor Meza) Por fin llegó octubre, el mes esperado por muchos compatriotas para conocer los detalles y revelaciones que contiene el juicio contra el ex diputado nacionalista Antonio “Tony” Hernández, hermano menor del inquilino ilegal de la Casa Presidencial. Tal como lo habíamos adelantado en un artículo anterior (“Octubre incierto”), buena parte de la población se mantiene como en un estado de hipnosis colectiva frente a la pantalla de sus televisores o escucha la radio con pasión desmedida, esperando cada día nuevas noticias sobre el famoso juicio, confiados en que se revelarán escandalosos secretos e interioridades de los personajes clave envueltos en esta trama de crimen, trasiego de drogas y sobornos políticos.

Parece que fuera una telenovela de narcotráfico y corrupción, pero no lo es. Se trata, en realidad, de una lenta y dolorosa radiografía del país que tenemos y de la mal llamada clase política que lo dirige. Cada día, al escuchar o leer las declaraciones de los testigos que relatan sus andanzas de la mano de los políticos locales, los hondureños decentes no tenemos más alternativa que sentir vergüenza, pena por el país, sonrojo y asco.

Es hora, también, de sentir la parte de culpa que nos corresponde a todos por haber permitido que una pandilla de cretinos, traficantes de drogas, políticos de oficio y asesinos a sueldo se apoderaran del país, controlando eslabones clave del Estado y sometiendo a su servidumbre criminal las instituciones gubernamentales. Todos, en alguna medida, unos más y otros menos, hemos permitido la ignominia. Los niveles de tolerancia social han sido el caldo de cultivo apropiado para que estos gamberros hicieran y deshicieran lo que quisieron con las estructuras del Estado.

Mediante el uso del dinero sucio, producto de la compra y venta de drogas, los narcotraficantes, en asqueroso contubernio con dirigentes políticos de toda laya y color, fueron poco a poco copando los eslabones vitales del gobierno, deformando la naturaleza republicana de la patria. No hay ni puede haber república ahí en donde se produce la concentración desmedida del poder, el abuso de un presidencialismo con tufillo a monarquía, el autoritarismo desmedido y el irrespeto a la división de los poderes del Estado. Para superar esta lamentable situación, Honduras debe volver a ser república.

El juicio que se está llevando a cabo en Nueva York debe servir como un aldabonazo en la adormilada conciencia de la ciudadanía. Las interioridades y entresijos que ahí se ventilan y revelan, son bofetadas en el rostro de la sociedad entera. Nos recuerdan, con insufrible constancia, cuán profundo es el abismo de ignominia y podredumbre en que han caído muchos dirigentes y activistas políticos, otras tantas autoridades civiles y militares, operadores de justicia y comunicadores sociales. Todos, en amalgama maloliente, han sido actores directos o cómplices solícitos del crimen organizado y sus múltiples ramificaciones.

El juicio contra el señor Hernández, al margen de su desenlace final, debe servir como si fuera un espejo retorcido en donde vemos a diario  la imagen ensombrecida de la patria. Ahí está, con sus arrugas y verrugas, el lamentable rostro del país que un día fue república y que, por obra y gracia de la corrupción política, hoy ha quedado convertido ante los ojos del mundo en la versión tropical y centroamericana de un Estado tan fallido como desprestigiado. Triste destino para una nación que merece mejor suerte y mayor respeto.

Pero no todo está perdido. Soy un ciudadano convencido de la fuerza que anidan las energías ocultas de la ciudadanía, ese furor subterráneo que un buen día, como si fuera el viejo topo de la historia, irrumpirá en la superficie para descalabrar las viejas estructuras. Cuando ese momento llegue, debemos estar listos para emprender la tarea de volver a darle a Honduras los atributos virtuosos de una verdadera república.

No puedo menos que recordar el final de un bello soneto dedicado a Honduras por el poeta Pompeyo del Valle: “Pero otra Honduras de potente aurora/ decidida, total y vengadora/ alza la frente perseguida y bella/ porque una tropa juvenil se agita/ bajo su cielo y en su voz gravita/ el porvenir fundado en una estrella”.

 

(Por Joaquín Mejía) Los militares son incapaces de proteger los bosques, lo cual se refleja en la grave deforestación que sufre el país, y son ineptos para cumplir su principal obligación de cuidar las fronteras, ya que según la Agencia estadunidense de Administración para el Control de Drogas (DEA)​, el 80% de la cocaína que llega a Estados Unidos pasa primero por territorio hondureño.

A pesar de su ineptitud o supuesta complicidad frente a la deforestación y el tráfico de drogas, los militares son premiados por el régimen de facto de Juan Orlando Hernández con enormes recursos que desvían los limitados fondos públicos que deben fortalecer los organismos profesionales de la seguridad ciudadana y que precarizan otras partidas importantes como salud y educación.

De acuerdo con un estudio elaborado por el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, Suecia, la inversión militar en Honduras supera la de 46 países del mundo: es mayor que la de 8 países de América, 6 de Europa, 5 de Asia, 2 de Oceanía y 25 de África.

En Centroamérica, Honduras también es el país con mayor inversión militar, la cual alcanza los 364 millones de dólares. Le siguen Guatemala con 284 millones, El Salvador con 247, Nicaragua con 83.9 y Belice con 22.8 millones. La diferencia es indudablemente abismal y refleja la locura armamentista de la dictadura hondureña.

Si Honduras no es un país en guerra y los militares han demostrado que solo son eficaces para dar golpes de Estado, avalar fraudes electorales y violar sistemáticamente los derechos humanos, está claro que el régimen les otorga tantos recursos para comprar sus voluntades y que cumplan con su papel de perros guardianes de la dictadura.

Insistimos que cuando llegue el tiempo de la nueva Honduras, las Fuerzas Armadas deben desaparecer del panorama nacional para convertir la inversión militar en inversión de salud, educación, desarrollo sostenible y humano.