(Víctor Meza) A medida que se acercan las fechas clave del calendario electoral, se acentúa y radicaliza el debate político entre los distintos actores participantes en el proceso. Es normal que así sea. Lo que no resulta tan normal es la escasa calidad del debate mismo, la relativa pobreza de sus términos y, sobre todo, el alto nivel de polarización personal y descalificación mutua que se evidencia. Ni la oposición, ni mucho menos el gobierno, parecen estar a la altura de los grandes desafíos que el país enfrenta y de la urgencia de creatividad, imaginación y audacia intelectual que la sociedad demanda de sus líderes, reales o supuestos, en tiempos de crisis.

Si ya la pandemia actual representa una tragedia de grandes proporciones y de efectos cataclísmicos en sociedades como la nuestra, imaginémonos por un instante la dimensión de los retos y desafíos que nos esperan en la época de pospandemia. Serán tiempos de creación y recreación de nuevos hábitos y costumbres, época para repensar los modelos de relacionamiento social, las prioridades en la organización económica, las novedosas jerarquías en la estructura comunitaria, la vinculación entre el hombre y la naturaleza y, en particular, las nuevas formas de hacer política y convivir en sociedad.

Uno de los grandes retos a enfrentar tiene que ver con la gobernanza política, es decir con la forma en que la sociedad y el Estado habrán de gestionar y procesar democráticamente la conflictividad social y, en particular, la de carácter político-electoral. Esto quiere decir, entre otras cosas, que la sociedad deberá contar con instrumentos apropiados de negociación y concertación para procesar los conflictos en forma civilizada y democrática.

Por los indicios que desde ya se advierten en el panorama político del país, por el alto grado de crispación partidaria y por la creciente y preocupante conflictividad social en ascenso, podemos concluir que los meses por venir serán intensos y difíciles. Y si esto es así, con mayor razón se vuelve necesario un debate realmente creativo, respetuoso, cargado de ingenio y novedad, alejado de los lugares comunes, las consignas vacías y, sobre todo, el insulto grosero y la descalificación implacable.

La pandemia del coronavirus nos abre una posibilidad inmejorable para la reconstrucción del Estado de derecho, para fortalecer las instituciones, asegurar la independencia de poderes y garantizar el necesario balance que toda sociedad democrática demanda. Es la ocasión propicia para iniciar un proceso real y profundo de despolitización partidaria de la institucionalidad pública. Es la hora de revivir los valores de la República mutilada y devolver a la ciudadanía su condición de ente social soberano y autónomo.

La oposición política tiene una valiosa oportunidad para exponer sus ideas, propuestas y planteamientos de cara al futuro de corto, mediano y largo plazo. Es la ocasión de mostrar su temple intelectual, su vocación transformadora y creativa, su empaque doctrinario que conceda sustento político a una nueva Honduras.

Pero, la verdad sea dicha, lo cierto es que el debate actual, el discurso opositor, con muy pocas excepciones, luce pobre y fracturado, sin novedad, repleto de lugares comunes y lemas tan aburridos como gastados. Se agota en la discusión sobre las fechas del proceso electoral y en torno a la viabilidad de celebrar o rechazar los ciclos electorales. No ven en las elecciones algo más que una competencia feroz y, si se puede, tramposa y desleal. No advierten que también son, o deben ser, un instrumento para frenar el régimen autoritario que la sociedad padece y abrir la puerta a nuevas formas de convivencia política y democrática.

Los esfuerzos, lejos de agotarse en el insulto mutuo, deberían orientarse al saneamiento de los registros electorales, a la reforma de la legislación y el rediseño del sistema de partidos y de la vida política en general. La pandemia, además de su naturaleza trágica, contiene también las posibilidades de cambiar la sociedad.

(Por Jason Rezaian*) La misma crisis de salud global que está ayudando al resurgimiento de gobiernos autoritarios en todo el mundo, se cobró la vida de tres periodistas encarcelados el mes pasado.

Mohamed Monir en Egipto, David Romero en Honduras y Azimjon Askarov en Kirguistán vinieron de partes muy diferentes del mundo. Pero cada uno había pasado su vida expresando disidencia y críticas en lugares donde hacerlo implicaba un gran riesgo personal.

Sus muertes evitables llevan al punto de que ningún otro evento o tendencia política en la memoria reciente ha sido más destructivo para la libertad de prensa que la pandemia de covid-19.

Mantener a los periodistas en prisión o arrestarlos por cubrir eventos actuales tiene implicaciones radicalmente diferentes en la actual crisis de salud. Los detenidos tienen muchas más probabilidades de enfermarse o incluso morir debido a la falta de atención adecuada.

Ese fue el destino de Monir, un periodista egipcio cuyo arresto informé el mes pasado.

Monir fue acusado de difundir noticias falsas en una aparición que hizo en Al Jazeera criticando el manejo del gobierno de Sissi de la pandemia de coronavirus. El periodista de 65 años contrajo el virus en prisión preventiva y murió el 13 de julio.

Al menos 10 periodistas han sido arrestados en Egipto desde que comenzó la pandemia.

Askarov, un miembro de la etnia uzbeka, había estado en prisión durante 10 años cuando murió el 25 de julio. Fue arrestado en junio de 2010 por su cobertura de conflictos civiles en el sur de Kirguistán y había pasado años informando sobre corrupción dentro del aparato de aplicación de la ley. En 2016, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas descubrió que Askarov estaba detenido arbitrariamente por motivos políticos. Pero eso no disuadió al gobierno de mantenerlo en detención a pesar de la mala salud.

En el momento de su muerte, Askarov había sido trasladado a una reconocida prisión cerca de Bishkek, la capital, donde también se le negó la atención médica adecuada. Si bien las autoridades de Kirguistán no han confirmado oficialmente que covid-19 fue la causa de la muerte, la esposa de Askarov y otros observadores dicen que hay pocas dudas.

Romero fue un periodista de investigación que expuso el fraude al más alto nivel del gobierno en 2015. Agarró al presidente Juan Orlando Hernández canalizando fondos públicos del sistema nacional de seguridad social para su propia campaña electoral.

«Sé que pueden matarme, y si eso sucede, la persona responsable es el presidente». según informó Romero en el momento de su arresto en 2019.

La difamación, el cargo por el cual Romero estaba cumpliendo una condena de 10 años cuando murió, fue despenalizada a principios de este año. Debería haber sido liberado.

Después de la muerte de Romero, el expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, lo calificó como un asesinato llevado a cabo por el régimen de Hernández. «Se dio la orden de cumplir una sentencia injusta y no sacarlo de la cárcel hasta que haya agarrado covid-19», dijo Zelaya.

Es vergonzoso que los poderes cobardes y oportunistas que encarcelaron a estos reporteros los mantuvieran entre rejas sabiendo que hacerlo aumentaría drásticamente el riesgo de que contraigan la enfermedad. Las autoridades simplemente dejan que el virus haga su trabajo sucio por ellos.

En los primeros días de la era del Covid-19, los activistas advirtieron que los gobiernos podrían usar la pandemia para restringir la capacidad de los periodistas de informar sobre el alcance de la propagación del virus y los esfuerzos para frenarlo.

El Comité para la Protección de los Periodistas y otros pidieron la liberación de los comunicadores encarcelados durante la pandemia. Y, de hecho, muchos gobiernos liberaron a miles de detenidos en aras de proteger vidas.

Sin embargo, en general, una crisis de salud pública que exige una respuesta global unificada se ha convertido en una bendición para los oportunistas políticos. En un momento en que los periodistas deben ser tratados como trabajadores esenciales, proporcionando información crítica que podría promover la salud y la seguridad de poblaciones enteras, los autócratas de todo el mundo están utilizando el virus como un pretexto conveniente para suprimir aún más la expresión.

La situación me recuerda los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, que inicialmente inspiraron esperanzas de que el mundo pudiera encontrar una forma común de abordar la amenaza del extremismo. En cambio, muchos gobiernos siguieron políticas antiterroristas centradas en las amenazas percibidas a su seguridad nacional. Los periodistas inevitablemente se convirtieron en objetivos.

«Creo que esto es peor», me dijo Joel Simon, director ejecutivo del Comité para la Protección de los Periodistas. «Es más difícil cuantificar y medir con datos, pero mi punto de vista observacional es que esta es la represión global más intensa contra la libre expresión que hemos visto en la era moderna».

Si bien algunos gobiernos tardaron años en aprovechar la «guerra contra el terrorismo», los autócratas de hoy solo necesitaron unas pocas semanas para explotar la pandemia para sus propios fines. Ahora todo el mundo está sintiendo los efectos.

“Los gobiernos se sienten amenazados por la propagación de la enfermedad y sus propias deficiencias para combatirla. Combine eso con el hecho de que creen que tienen las manos libres en este entorno ”, dijo Simon. “Los gobiernos democráticos y autoritarios se sienten envalentonados por utilizar este momento para ejercer autoridad. No hay ningún país que parezca ser una excepción a esta dinámica «.

* Periodista iraní-estadounidense. Excorresponsal del The Washington Post en Teherán (y preso en ese país) y colaborador de CNN. 

** Este artículo fue publicado en el diario The Washington Post el 3 de agosto de 2020. 

(Por: Edmundo Orellana) Con el nacimiento del Ministerio Público el rostro de la corrupción comenzó a dibujarse y, por supuesto, a ser identificado, pero parcialmente.

Fue hasta que vino la MACCIH, actuando junto a UFECIC, que descubrimos el verdadero rostro de la corrupción. Descubrimos que el fenómeno no es el resultado de la acción de individuos aislados, sin conexión entre sí, a los cuales persiguió, en sus inicios, el MP individualmente. Se trata, en realidad, de una red que comprende la totalidad del Estado, en la que participan funcionarios, que la facilitan -y de paso, se aprovechan-, con la intervención de algunos políticos, empresarios y organizaciones de la sociedad civil, a la que se han sumado algunas organizaciones religiosas.

Hubo un momento, sin embargo, en el que todo se relajó y la red operó sin apariencias, porque pasó por sobre las formas y formalidades olímpicamente. Fue durante el interregno comprendido entre el 28 de junio del 2009 y la toma de posesión del nuevo gobierno, que surgió del golpe de Estado, porque el caos se apoderó de la administración pública, con el consiguiente desorden en el manejo de los recursos presupuestarios que en el orden de 20 mil millones de lempiras, según lo denunciado por el ministro de Finanzas del nuevo gobierno, no fueron liquidados debidamente; sin incluir, por supuesto, los contratos que se aprobaron en el Congreso Nacional durante los dos últimos meses de esa legislatura y que todavía no se analiza el daño en las finanzas públicas.

Aunque las primeras acciones del MP se dirigían a individuos aislados, la red de corrupción, que, hasta ahora sabemos, operaba desde entonces, vio en esto una amenaza y decidió tomar cartas en el asunto, mutilándolo. Aprobaron una ley cercenando del MP la investigación criminal y transfiriéndola a la Policía uniformada, a sabiendas de que en esta desaparecería, como, en efecto, ocurrió por veinte fatídicos años, durante los cuales el crimen creció sin ningún control, fortaleciéndose en áreas como el narcotráfico, actividad en la que, finalmente, terminaron participando alegremente funcionarios, políticos, uniformados y empresarios, conscientes de que gozaban de impunidad.

Los mecanismos de control se controlaban mediante el nombramiento de los funcionarios convenientes, de modo que había zonas intocables, como la partida confidencial presidencial y algunos presupuestos, como el del Congreso Nacional.

Cuando la sociedad civil era beligerante, decidieron invitarla a participar en los procesos de decisión con el objeto de que fueran parte del problema, no de la solución. Y cayeron en la trampa. Aceptaron participar en los espacios de decisión creados para ellos. Participaron, desde entonces, en la selección de autoridades, como el director de Policía, propuesto por CONASIN, y últimamente en la depuración (por eso la sociedad civil no puede alegar ignorancia sobre la corrupción de la Policía), los magistrados de la Corte Suprema y el fiscal general, en cuya última elección se ignoró lo propuesto por la sociedad civil por las manifiestas y grotescas irregularidades ocurridas en el proceso.

Durante operó el binomio MACCIH-UFECIC la red entró en pánico, pero rápidamente recuperó el sosiego, expulsando a la MACCIH y eliminando UFECIC. La red entendió que era más poderosa de lo que creía, porque se impuso a la cooperación internacional que estaba detrás de la MACCIH, con la tácita aprobación del gobierno de Estados Unidos, que hizo caso omiso de las acciones emprendidas por la red para expulsar la MACCIH, con la complicidad del secretario general de la OEA.

La presencia de la MACCIH fue aprovechada por la red de corrupción, porque, en el afán de defenderse de sus acciones, aceleró el proceso de construcción del sistema de impunidad, emitiendo leyes que le garantizan que sus fechorías pasadas jamás podrán ser castigadas. La red de corrupción, entonces, se sabe intocable e invencible, porque tiene la solución para evitar ser perseguida: basta emitir una ley que lo impida.

El informe (pasquín, dice CNA) del Tribunal Superior de Cuentas sobre la compra de hospitales móviles es una reminiscencia del caduco sistema, por el que convenientemente se exonera a quienes resultan intocables y se señalan responsabilidades generalizando, de modo que nadie resulte responsable, con el agravante de que, por la denuncia de uno de los magistrados del TSC, se sabe que fue decisión personal del magistrado-presidente, no del Tribunal.

La forma irresponsable como fue manejado el caso de la compra de los hospitales móviles y el burdo intento de exonerar a todos los involucrados, revela que la corrupción se institucionalizó, a vista y paciencia de la oposición, cuyos representantes en el Congreso ni siquiera intentan deducirle responsabilidad política a los involucrados, lo que nos da más fuerza para seguir diciendo sin cansancio: ¡BASTA YA!

Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?

Confidencial HN